domingo, 30 de noviembre de 2008

Prensa se hizó presente en conferencia sobre "Crucitas"




















Conferencia de Prensa



"LAS VERDADES QUE NO SE HAN DICHO SOBRE CRUCITAS"






Con presencia de los principales medios nacionales y extranjeros acreditados en el país, se llevó a cabo la conferencia de prensa, organizada por el grupo "Llamado urgente por el país" en la Universidad de Costa Rica.




Académicos y especialistas de este grupo, advirtieron de las graves consecuencias en los planos ambientales y legales que implica la instalación de la mina "Crucitas", cerca de la frontera con Nicaragua y a sólo tres kilómetros del río San Juan.




En la conferencia participaron:


M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, M.Sc. Saneamiento Ambiental, Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA), UCR

Dr. Allan Astorga, Geólogo, Profesor de la Escuela Centroamericana de Geología, UCR

M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, M Sc. Desarrollo Rural, miembro de la Asociación de Comunidades Ecologistas la Ceiba (COECOCEIBA)

Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, especialidad en Genética de Poblaciones y Ecología Forestal, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR.

M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, notario y consultor ambiental. Máster en Derecho Ambiental, egresado de Maestría en Desarrollo Sostenible UCR, académico en Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA)


Más información en:






sábado, 29 de noviembre de 2008

¿ Quienes somos? Llamado urgente por el país



Comunicado de Prensa

“Llamado urgente por el país”

Varios profesionales de larga trayectoria en el campo ambiental, preocupados por el incremento vertiginoso del caos ambiental que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza del actual gobierno, han conformado un grupo de estudio, de denuncia y de incidencia política denominado “Llamado urgente por el país”. Se pretende determinar las causas de esta problemática, ventilarlas a la luz pública, generar espacios de discusión y concertación y proponer soluciones balanceadas y técnicamente fundadas a las y los tomadores de decisiones.

Son evidentes los argumentos y programas falaces del proyecto “Paz con la Naturaleza” y una gran cantidad de acciones concretas de esta Administración. Los hechos son elocuentes (ver Anexos). Se propone dejar al descubierto los dobles discursos de nuestros gobernantes en el tema jurídico y socio- ambiental y ayudar a formar una opinión pública más informada y proactiva, que no sea fácilmente influenciable por las estrategias gubernamentales de comunicación.

Los objetivos de este grupo son:

· Denunciar ante la opinión pública el enorme desequilibrio existente entre el discurso político con manifiesto enfoque antropocéntrico de crecimiento y la realidad de los temas ambientales y de desarrollo.
· Fortalecer la labor de CONARE en SETENA que garantice los mecanismos de control y fiscalización en materia ambiental y devuelva la confianza en los órganos públicos de seguimiento y cumplimiento del Ordenamiento Jurídico.
· Recolectar, sistematizar y priorizar proyectos para sus respectivos estudios, análisis y divulgación.
· Apoyar a las comunidades locales en su voluntad por participar activamente en el desarrollo y conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico.

Este grupo se suma a todas aquellas personas que se preocupan por el destino del país y que ven como una necesidad sentida y urgente denunciar abiertamente modelos de desarrollo que atentan contra una tradición nacional orientada hacia el bienestar de la mayoría y hacia un desarrollo sostenible basado en ecosistemas sanos y que contribuya a un sistema inclusivo, con enfoque de género, con donde la equidad y bienestar de las comunidades presentes y futuras de nuestro país este por delante.




GRUPO

“LLAMADO URGENTE POR EL PAIS”

Dr. Rafael Arce Mesén, Geógrafo, Director Escuela Geografía, UCR.

M.Sc. Mario Arias Salguero, Geólogo.

M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, M.Sc. Saneamiento Ambiental, Coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral (PROGAI-CICA), UCR

M.Sc. Javier Baltodano Aragón, Biólogo, M Sc. Desarrollo Rural, miembro de la Asociación de Comunidades Ecologistas la Ceiba (COECOCEIBA)

Dr. Nicolas Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN

Lic. Carlos Camacho Garro, Geógrafo, especialista en SIG y miembro de PruGAM.

M.Sc. Rolando Castro, Abogado, profesor de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN

Dr. Alberto Cortés Ramos, Politólogo, miembro del Consejo Universitario de la UCR.

Ing. Sergio Feoli Boraschi, Ingeniero Forestal, especialista en Sistemas de Información geográfica, miembro del equipo PRUGAM.

Dr. Rafael González Ballar, Abogado, Decano de la Facultad de Derecho de la UCR.

M.Sc. Raúl Guevara, Abogado.

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Biólogo, Doctor en Genética, Catedrático, Escuela de Biología, UCR.

Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, especialidad en Genética de Poblaciones y Ecología Forestal, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR.
M.Sc. Oscar Lucke, Geógrafo, Profesor Escuela de Geografía de la UCR, Asociado Centro Científico Tropical (CCT)

Lic. Patricia Madrigal Cordero, Abogada, Gerente CoopeSoliDar R.L, Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) y de la Comisión de Políticas Sociales, Ambientales y Económicas (CEESP) de la UICN.

M.Sc. Mario Peña Chacón, Abogado, Máster en Derecho Ambiental, consultor legal ambiental, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y de la Universidad Tecnológica Centroamericana, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN y de su comisión de expertos en aguas y humedales.

M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, Abogado, notario y consultor ambiental. Máster en Derecho Ambiental, egresado de Maestría en Desarrollo Sostenible UCR, académico en Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA)
M.Sc. Vivienne Solís Rivera, Bióloga, Presidenta Consejo de Administración de CoopeSoliDar R.L Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) y de la Comisión de Políticas Sociales, Ambientales y Económicas (CEESP) de la UICN.

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M.Sc. Luis Carlos Vargas Fallas, Master en Salud Pública, especialista en aguas.

Para más información escribir a: llamadourgenteporelpais@gmail.com

viernes, 21 de noviembre de 2008

Crucitas visto desde el Derecho Internacional

Estimados amigos

Desde el punto de vista internacional, el proyecto de Crucitas tambien tiene muy serias implicaciones para Costa Rica, debido a la proximidad del Rio San Juan (3 km), y los altos indices de pluviometria en es precisa zona (una tesis de grado de un geologo en la UCR Claudio Gutierrez habla de 3500 a 4000 anuales en esa zona reportados).

Es aboslutamente irrealista pensar que un sistema de gavetas, lagunas y/o membranas puedan evitar, en una zona tropical con semejantes indices de preicipitaciones, que se contamine el Rio San Juan, sobre el que Nicaragua ejerce su soberanía de manera única dado el tipo de tecnica de delimitación usada en 1858 (limite al margen derecho del Rio en vez de la linea mediana o thalweg - canal profundo navegable- que aplica para el Sixaola en el tratado Echandi Montero con Panama). El posible impacto de los lixiviados (cianuro en particular) de la mina en el Rio San Juan, expondría asi al pais a una posible demanda millonaria de Nicaragua por daños ambientales que afectan la calidad de las aguas del Rio San Juan.

El informe AIDA. Especialistas dedicados a la enseñanza del derecho internacional público han intentado hacer al Estado de Costa Rica las advertencias del caso (entre otras, el infome presentado el pasado 19 de agosto al Presidente Arias por la AIDA, Asociacion Interamericana en la Defensa del Ambiente), que estan resumidas en el informe adjunto). Este informe fue puesto a conocimiento público en la Facultad de Derecho de la UCR en un acto oficial el pasado 24 de setiembre al que se convocó a la prensa que organizamos con la AED (Asociacion de Estudiantes de Derecho).

En juego esta, entre otros, el prinicipio 2 de la Declaración de Rio de 1992 (Pcpio 22 de Estocolmo de 1972) que prohibe a cualquier Estado permitir actividades productivos suscueptibles de provcar algun daño al territorio de otro Estado (y que ha sido asentado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en varios precedentes como prinicipio de derecho internacional de carácter consuetudinario).

Asi como en 1998 Costa Rica pidio explicaciones a Nicaragua sobre el posible impacto al Rio cuando este pais promovio un proyecto de ECOCANAL, ahora es Nicaragua que puede exigir que se cumplan las normas internacionales aplicables a los rios trasnfronterizos para exigir a Costa Rica respeto a su soberania en el Rio San Juan. Si bien ninguno de los dos es parte de la Convencion de Nueva York de 1997 sobre cursos de agua internacionales de las NNUU, esta Convención marco establece claramente los principios que deben de regir las relaciones entre Estados que comparten una cuenca hidrográfica como la del San Juan. De ahi que afirmar que "En Crucitas somos absolutamente soberanos" como extrenado por el titualr del MINAET el pasado Lunes ante el plenario de la A. Legislativa amerita algunos bemoles.

Reaccion oficial de Costa Rica: La nota de respuesta del Canciller Bruno Stagno del pasado 16 de septiembre a AIDA confirma nuevamente (Ver texto completo en la Web de AIDA) la importancia relativa que le presta este Ministerio a esta advertencia, como bien lo pudimos leer en el mismo comunicado de prensa del MREE de Costa Rica emitido al respecto el pasado 5 de junio del 2008 (ironicamente, Día Internacional del medio ambiente). Vaya mensaje al mundo de Paz con la Naturaleza en el Dia Internacional de Medio Ambiente !

Una probable demanda ante cualquier tribunal internacional de Nicaragua contra CR significaría una condena internacional acompañada de una una millonaria indemnización por daños ambientales al Rio San Juan. La conyuntura además se prestaría para que algunos magistrados de La Haya usen ese caso para mandar una señal inequívoca al mundo después de la decisión en el caso Argentina vrs Uruguay del año pasado (caso de empresas de papel que contaminan el Rio de la Plata, aún pendiente de resolución).

Muy cordialmente

Dr. Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho
UCR

NOTA COMPLEMENTARIA (Octubre 2009): en un reciente articulo publicado en Ginebra, Suiza, se desmenusan las implicaciones internacionales que supone el proyecto minero de Crucitas para el Estado de Costa Rica desde el punto de vista de las reglas aplicables a los rios internacionales, las cuencas hidrograficas compartidas y los acuiferos transfronterizos. Ver estudio publicado en la Revista Perspectiva Numero 21 (septiembre 2009) de la Asociación Latinoamericana del Derecho Internacional

Acciones del gobierno en contra de la normativa ambiental

ANEXOS

Ante la promoción de una expansión inmobiliaria y turística acelerada y desordenada, la legislación ambiental de la que tanto nos orgullecemos, de repente se ha convertido en una serie de restricciones inconvenientes para estos fines, por lo que el Gobierno ha tomado medidas ya sea para modificarla o para evadir solapadamente su aplicación.
La legislación de las áreas silvestres protegidas. A contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que solamente mediante la promulgación de una Ley y la realización de estudios técnicos es posible segregar porciones de las áreas silvestres protegidas, el Poder Ejecutivo ya ha promulgado dos decretos que segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo e Isla San Lucas.
Las normas que establecen zonas inconstructibles. Para levantar estos obstáculos se han promulgado, sin ningún criterio técnico, decretos como el que cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno y el que convierte en constructible el anillo de protección de la GAM.
La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA sería un obstáculo para las ambiciones de inversiones a gran escala. So pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la SETENA fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente. Lamentablemente dicha intervención se hizo a costas de los fines mismos de la SETENA, que buscan asegurar la sostenibilidad ambiental de las actividades, obras y proyectos humanos, pues se ha convertido en una máquina de otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más. Anexo a este comunicado, se presenta una lista de las acciones tomadas para debilitar el control ambiental de la SETENA.
Un impedimento más lo constituye la participación ciudadana. La tendencia ha sido a ir cerrando los espacios de participación ciudadana ya creados anteriormente. Dos ejemplos de ello son, en primer lugar, la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental, la cual, mientras funcionó, desarrolló reglamentos e procedimientos técnicos de forma concertada entre actores muy diversos. En segundo lugar, la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en el proceso o su representante.
Una norma que la Sala Constitucional misma derivó del artículo 50 de la Constitución Política: la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, se convierte en otro problema para el gobierno. Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega. Este decreto, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando.
Las leyes de protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, pues prohíben el cambio de uso del suelo en los terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales. Ejemplo de ello ha sido la elaboración unilateral, por parte del Ministerio de la Competitividad, de proyectos de decreto de forma poco participativa e inconsulta con los actores sociales.

La legislación ambiental ha sido igualmente una piedra en el zapato para el desarrollo insostenible, promovido por este Gobierno, de actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas. Al hacer un recuento de irregularidades en todas estas actividades dos temas son recurrentes: la ausencia de aprobación o aprobación irregular de viabilidades ambientales de parte de la SETENA y la toma de decisiones sin participación ciudadana.

Cada una de las acciones descritas anteriormente, así como muchas otras no mencionadas en el presente documento, constituyen sangrados de mayor o menor proporción que se suman para causar una hemorragia de grandes proporciones a nuestro sistema de protección ambiental.