Comunicado de Prensa: A propósito de la
renuncia del Ministro Roberto Dobles Mora
12 de marzo del 2009
El denominado grupo de universitarios, docentes e investigadores de Costa Rica que formamos parte de grupo de estudio y análisis "Llamado urgente por el país" (http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com) deseamos expresar lo siguiente:
La renuncia del Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, señor Roberto Dobles Mora, presentada el pasado viernes 6 de marzo, debe ser considerada como un primer paso positivo en la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones del Estado a cargo del ambiente en Costa Rica.
Su salida del Gobierno debe sin embargo iniciar una reflexión mucho más profunda sobre el incremento vertiginoso del caos ambiental que vive el país y las políticas agresivas en contra de la naturaleza, propiciadas desde varias carteras ministeriales del actual gobierno (y no solamente desde el despacho del titular del MINAET). Esta deriva se evidencia principalmente mediante la revisión de leyes que promueven la inversión nacional y extranjera en detrimento del ambiente, o la promulgación de Decretos Ejecutivos que intentan desregular el marco legal ambiental vigente y que han sido dejados sin efecto por la Sala Constitucional en su casi totalidad.
Es evidente la contradicción existente entre, por un lado, la Iniciativa "Paz con la Naturaleza" promovida por la actual administración y, por otro, la realidad de las políticas impulsadas desde el mismo Gobierno. Es palpable la falta de consistencia entre el discurso oficial pro ambiente de las autoridades y las políticas promovidas por las mismas. Los hechos son elocuentes y tan solo se pretende dar una breve muestra de este distanciamiento cada vez mayor entre el discurso y la práctica:
La legislación de las áreas silvestres protegidas, con decretos que segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (declarado inconstitucional en el mes de febrero del 2009) e Isla San Lucas (con acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución).
Las normas que establecen zonas inconstructibles. Promulgación de decretos como el que cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno (con acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución) y el que convierte en constructible el anillo de protección de la GAM (declarado inconstitucional el 6 de marzo del 2009).
La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA. So pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la SETENA fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente: cambios de personal en la misma SETENA (evidenciados en abril del 2008), simplificación de los trámites, convirtiendo a la SETENA en una oficina para otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más.
La participación ciudadana. El cierre de los espacios de participación ciudadana creados anteriormente es una constante, como
o) la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental
o) la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en el proceso o su representante.
La introducción de la variable ambiental en los planes reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, ha sido esquivada por el actual Gobierno. Un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega, firmado por cinco ministros: Presidencia, Vivienda y Asentamientos Humanos, Turismo, Ambiente, y Competitividad, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo, y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando.
Ordenamiento Territorial: pese a contar valiosas herramientas para ordenar los usos de suelo con bases científicas, tales como el Proyecto PRUGAM, el Proyecto BID-Catastro, el Manual de Política de Ordenamiento Territorial elaborada por el equipo técnico de la Iniciativa Paz con la Naturaleza, éstas no han sido aprovechadas para compatibilizar la legislación urbanística con la ambiental, las que permanecen en claro divorcio .
La protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, que prohíben el cambio de uso del suelo en los terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales. Este Gobierno, a través del Ministerio de la Competitividad, ha procedido a la elaboración unilateral, de forma poco participativa e inconsulta con los actores sociales, de proyectos de decreto que desprotegen estos ecosistemas en favor del desarrollo inmobiliario salvaje.
La prohibición de hacer tala rasa de bosque. Proyectos de empresas privadas ligadas a consorcios internacionales en zonas altamente vulnerables, son declarados de conveniencia nacional para evadir la prohibición de eliminar el bosque natural, sin ningún tipo de análisis de costo beneficio objetivos y sin aplicar las herramientas de cálculo existentes para cuantificar el daño ambiental vrs los beneficiosos previstos para el Estado.
La legislación ambiental ha sido igualmente considerara por este Gobierno como un obstáculo para el desarrollo insostenible de actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas. Estas y muchas acciones más constituyen una grave amenaza a nuestro sistema de protección ambiental y a la sostenibilidad del desarrollo de Costa Rica
El grupo "Llamado urgente por el país" reanuda su compromiso para denunciar todas aquellas acciones que van en evidente detrimento de la salud ambiental y social de nuestro país y que en definitiva , como lo muestran los hechos, benefician a unos pocos que acceden de forma irregular a los recursos que son de todos los costarricenses.
San José, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
12 de marzo del 2009
12 de marzo del 2009
