Un claro ejemplo de improvisación que puede tener muy serias consecuencias para todos
(Texto publicado en medios de prensa el 5 de julio del 2011 en la Extra en www.elpais.cr, y en Costa Rica Hoy, y acompañado de artículos de otros autores tales como el Arquitecto Mauricio Ordóñez, o Allan Astorga y Mauricio Ordóñez)
El tema de la torres de telefonía celular, al igual que otros muchos en nuestro país, es un buen ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas. Son un buen ejemplo de improvisación y de cómo se intentan resolver las cosas “sobre la marcha”, donde los problemas de fondo, quedan subordinados por la inmediatez y la urgencia.
Es útil, repasar su historia, a ver si aprendemos, y corregimos, de una vez por todas, esta forma de actuar.
La historia comienza en el 2009, en medio de la recién aprobada apertura telefónica, cuando el ICE le consulta a la SETENA, cual debería ser el trámite de evaluación de impacto ambiental que deberían cumplir las torres de telefonía celular. La SETENA, en vez de convocar la Comisión Mixta y llamar a diversos sectores de la misma para que le recomendaran el procedimiento técnico a seguir, decidió definir, por si sola, el procedimiento.
De esta manera, en vez de mantener como requisito el formulario D1, le fijó como requisito el instrumento de EIA más sencillo, el denominado D2, que es el mismo que se solicita para proyectos de bajo impacto ambiental, como casas de habitación grandes. En este punto, es importante señalar que en dicho procedimiento, la SETENA no da una justificación legal y técnica para solicitar este instrumento, pese a que el mismo parece contradecir lo que señala el mismo Reglamento General de EIA. Tampoco realiza alguna consulta sobre el efecto que pueda tener en la salud humana la colocación de estas torres en zonas de alta densidad poblacional o cerca de escuelas o colegios. Una decisión tomada sin ningún sustento técnico que obedece a la premura, sin más.
Como parte del procedimiento, la SETENA, le pide a las empresas que justifiquen el sitio seleccionado para colocar la torre, pero no le pone ningún requisito técnico o ambiental al mismo. Se pierde así la oportunidad de resolver la situación, bien y desde el principio; pues los sitios de las torres quedan definidos por las empresas “torreras” a su conveniencia y no bajo un criterio técnico y ambiental!Además, le establece algunos anexos técnicos que no se le solicitan al D2, pero traslada el proceso de información a la comunidad cercana al sitio de la torre, para antes del inicio de la construcción, y no como parte del proceso de la toma de decisión de la viabilidad ambiental, tal y como la Ley Orgánica del Ambiente contempla. Otro requisito legal no cumplido! Eso, se hace en violación al derecho de información y participación ciudadana previo al otorgamiento del permiso ambiental, con lo cual se violentan principios de derecho ambiental básicos previstos incluso en varias declaraciones internacionales.
Debido a que el procedimiento que aplica la SETENA, es el D2, esta entidad no necesariamente tiene que hacer la inspección del sitio donde se propone la torre y tramita la viabilidad en un plazo de 10 días, con el agravante que dicha viabilidad no surge como una Resolución de la Comisión Plenaria, si no como un oficio firmado por el Secretario General de la SETENA. Nuevo yerro en el proceso!
En aproximadamente dos años, la SETENA, con ese particular procedimiento, otorga cerca de 2000 viabilidades ambientales a sendas torres de telefonía celular! Cuando, en un período anterior (2005-2008), solo se habían otorgado permisos para menos de 500 torres de telefonía celular. Cabe señalar que este Grupo y el Colegio de Biólogos advirtieron a los costarricenses sobre esta situación en julio del 2010.
Mientras tanto, una federación de municipalidades, elabora, con apoyo de las empresas y de sectores interesados, un reglamento “machote” para facilitar el trabajo a las municipalidades para otorgar el uso del suelo conforme y el permiso de construcción de torres con un mínimo de 30 metros de altura.
Se establece, nuevamente sin que se fije un debido fundamento técnico, el área mínima en que se instala la torre (6 x 6 m) y un área de amortiguamiento de 3 metros para torres de esa altura. Con este lineamiento y otros que establece ese reglamento, acogido por algunas municipalidades, parece dejarse de lado lo que establece el plan regulador, cuando existe, o bien lo que establece el reglamento de construcciones sobre obras de altura y sobre la calificación de las torres como una actividad industrial; con lo cual se acumula un nuevo yerro en el proceso.
Además de eso, a principios del 2011, el Ministerio de Salud, algo a destiempo, y más bien por la reacciones de oposición que muestran algunas comunidades promueve un reglamento, adoptado de una norma internacional aceptada por no todos los países, para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ, que tiene el inconveniente que norma el tema, cuando los sitios de las torres han sido establecidos y ya tienen viabilidad ambiental. Con este proceder, el Ministerio de Salud parece ignorar los retiros que por ley se han adoptado, a modo preventivo, en varios países como Suiza, Chile, Alemania, Canadá, Australia, y que van hasta 400 metros a la redonda.
Además de esto el Ministerio deja ver la posibilidad de que hay dudas en el tema y deja abierto que en caso de que se den nuevos estudios, “el Ministerio de Salud actualizará los límites para campo electromagnético, establecidos en este reglamento, cuando la Organización Mundial de la Salud o la UIT demuestren que estos límites deben variar, para proteger la salud pública”. ¿Será que el Ministerio de Salud procederá a desplazar estas torres de su lugar cuando los estudios de la OMS demuestren con mayor certeza que existen posibles daños a la salud humana?
Por su parte, la SUTEL ha estado generando lineamientos sobre las torres, así como el mismo MINAET. Elementos que nuevamente tienen la característica de que se dan a “destiempo”, como reglas de juego algo tardías, cuando ya hay miles de viabilidades ambientales otorgadas, e incluso muchas torres ya construidas. A esto se suma el hecho de que se han planteado serias dudas sobre la potencia real de emisión de las antenas, que incluso no parece que estén cumplimiento el reglamento del Ministerio de Salud y los retiros mínimos. Una duda seria, que requiere ser aclarada.
Finalmente, como para ponerle la “cereza al pastel”, a este mar de regulaciones, normas, y lineamientos a “destiempo”, el Poder Ejecutivo crea una “supercomisión” liderada para el Vice – Ministro de Energía del MINAET, para que visite municipio por municipio y les explique que no hay que tener temor y que se debe agilizar el otorgamiento de permisos de construcción y de operación a las torres.
Como puede verse, el hecho de que desde el principio, cuando la SETENA fijó lineamientos, se hubiera dado una discusión técnica abierta y detallada, se hubieran fijado las reglas del juego, claras para todos; las cosas no hubieran evolucionado hasta la situación actual. Una situación verdaderamente imperdonable, debido a que ya existe mucha información y experiencia en el mundo sobre este tema. Pese a esto, muchos lotes han sido adquiridos, muchos contratos firmados, muchos gastos realizados, muchas dudas todavía persisten y ahora hay fechas y plazos que rigen, con multas incluidas. En síntesis, un desorden que nadie sabe cómo resolver, salvo señalar que “todo se ha hecho bien” que “no hay de qué preocuparse”.
Debido a que el problema ha crecido de tamaño, en vez de resolverse, su solución ya no parece que sea integral, con reglamentos o sin ellos; pues serán las comunidades y los vecinos quienes, en definitiva, en medio de todo ese caos de normas improvisadas y de incumplimientos legales, técnicos y ambientales, los que deberán cuestionar y tomar las acciones legales y técnicas del caso, para resolver, una a una, la situación de las torres que les quieran colocar en su vecindad.
En definitiva, otro claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Parece que para nuestras autoridades, esto se está haciendo costumbre!
lunes, 4 de julio de 2011
jueves, 31 de marzo de 2011
MANIFIESTO SOBRE LOS CAMBIOS AL REGLAMENTO GENERAL DE EIA
San José, 29 de marzo del 2011
Sra. Laura Chinchilla, Presidente de la República
Sr. Alfio Piva, Vicepresidente
Sr. Teófilo de la Torre, Ministro de Ambiente
Sra. Ofelia Taittenbaum, Defensora de los Habitantes
Sres. Jefes de Fracciones de las bancadas en la Asamblea Legislativa
Sres. Magistrados de la Sala Constitucional
Sr. Jose Lino Cháves, Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo
Medios de prensa
MANIFIESTO REFERENTE A LA CONVOCATORIA A UN TALLER NACIONAL PARA ANALIZAR UNA “PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EN EL TEMA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GESTORES AMBIENTALES Y AUDITORÍA AMBIENTAL, BORRADOR IV VERSIÓN PARA TALLER NACIONAL DEL 09/08/10”
Ante el hecho de que el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por medio de la Dirección General de Cooperación Internacional, el Viceministerio de Energía y Calidad Ambiental, la Secretaría General de la SETENA, en el marco del Acuerdo de Cooperación CCAD / USAID / DR – CAFTA, han organizado para el viernes 1 de abril del 2011, de 8 AM a 1 PM en el Hotel Radisson en San José, un Taller Nacional para analizar la propuesta de modificaciones al Reglamento general de SETENA, elaborado por el consultor Manuel E. López, se desea manifestar a las autoridades y a la opinión pública lo que en adelante se expresa.
CONSIDERANDO:
1. Que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) representa un instrumento técnico de gran valor estratégico para el desarrollo del país, que ha sido reconocido por diversas entidades como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, como una herramienta PREVENTIVA del daño ambiental y de tutela del artículo 50 de la Constitución.
2. Que la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554 del 13 de octubre de 1995) establece en su artículo 6, respecto a la PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES, y de conformidad con convenios internacionales suscritos por Costa Rica, que “el Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”.
3. Que la Ley Orgánica del Ambiente, por medio de sus artículos 22 y 24, garantiza el proceso de participación de los habitantes como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, proceso que por su naturaleza no solo implica la participación de los ciudadanos en la revisión de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades, sino también los instrumentos de EIA con que se realizan dichas evaluaciones.
4. Que a fin de garantizar que el desarrollo de los instrumentos técnicos de la evaluación de impacto ambiental (EIA) se realizaran de forma participativa, considerando a los diferentes sectores de la sociedad, el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado mediante el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, estableció mediante su artículo no. 121, una Comisión Técnica Asesora de la SETENA, que indica textualmente lo siguiente:
“La SETENA contará con una Comisión Técnica Asesora Mixta, como un órgano auxiliar asesor en materia ambiental. La misma deberá estar integrada, de manera equilibrada, por representantes del Poder Ejecutivo, del sector privado, ONG, y consultores ambientales. Su función principal será la de dar apoyo técnico a la SETENA en el tema de EIA, referente a procedimientos y lineamientos de funcionamiento del únicamente del sistema de EIA. Su integración, atribuciones y funciones específicas serán establecidas en un decreto ejecutivo que deberá publicarse en un plazo no mayor de 3 meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo”. (El destacado no es del original).
5. Que el Decreto Ejecutivo de la conformación de la Comisión Mixta corresponde con el DE 32631 – MINAE, y cuenta con una modificación, según el DE 32992 – MINAE, de manera que debe ser esta Comisión la que debe discutir y analizar el desarrollo de una modificación del Reglamento General de EIA en el tema de consultores ambientales y de auditoría ambiental.
6. Que el Considerando número 2, del Decreto Ejecutivo No. 32992 – MINAE que crea la Comisión Mixta Asesora de la SETENA argumenta: “Que el Gobierno debe incorporar decisiones y acciones específicas orientadas a cumplir con el objetivo de mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de regulaciones, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas. Para lo cual, resulta necesario reforzar y apoyar con un grupo de expertos que le brinden asesoría especializada a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA a fin de que pueda cumplir de mejor forma con la adecuada gestión de los Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental”. (El destacado no es del original).
7. Que estando vigentes los instrumentos jurídicos que crean y definen dicha Comisión Mixta, no resulta coherente ni tampoco acorde con el marco legal vigente, que una modificación tan significativa como la que se desea discutir en el Taller del 1 de abril, no haya sido objeto de análisis por parte de la Comisión Mixta a fin de determinar, después de una análisis detallado y multisectorial de la propuesta, si la misma es viable o no para ser incorporada al Sistema de EIA imperante en el país.
8. Que sobre los temas específicos que trata la Propuesta de modificación del Reglamento General de Procedimientos de EIA, la Asociación Costarricense de Consultores y Auditores Ambientales (ACTCAA) realizó un detallado análisis de su funcionalidad mediante un Documento de Observaciones de la Asociación de Consultores de Octubre del 2010 (ver Anexo 1), que sigue teniendo total validez y que, concluye que “el planteamiento de hacer cambios parciales o totales en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental vigente desde el año 2004, en los temas del registro de consultores ambientales y de auditoría ambiental, representa un ERROR DE RAIZ que no debe cometerse debido a que generaría consecuencias muy negativas no solo a los más de 2 mil profesionales que se desempeñan como consultores ambientales, sino también al modelo de EIA imperante en el país y con ello, al sistema ambiental costarricense”.
9. Que el documento de la Asociación de Consultores Ambientales de Costa Rica, incluye una propuesta de solución planteada al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, desde el mes de octubre del 2010, hace 6 meses, que indica textualmente lo siguiente: “estamos en total disposición de participar en el trabajo que debe hacer la Comisión Mixta como parte de un plan de trabajo urgente, para solucionar y completar los temas de procedimientos e instrumentos técnicos del proceso de EIA. Inclusive, ya se está trabajando en una propuesta de Reglamento de Gestores Ambientales y de Código de Ética, para que sea revisada por la Comisión Mixta en un plazo breve”. “Todo esto dentro del marco legal establecido por los decretos que conforman la Comisión, de forma transparente, abierta y participativa. Estamos convencidos de que esta es la única solución posible a la situación planteada”. “Además, dentro de los objetivos del DR – CAFTA en materia ambiental, lo que aquí se propone resulta más efectivo y de mayor equilibrio para normalizar y homogenizar procedimientos que lo que establece la Consultoría”.
10. Que Costa Rica, al igual que los demás Estados Partes al CAFTA, ha asumido una obligación que le impide revisar o modificar a la baja los estándares de protección en materia ambiental so pretexto de atraer mayor inversión (Art. 17. 2 del CAFTA)
11. Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), es un ente técnico de desconcentración máxima, de gran importancia para el país, debido a que los proyectos de inversión y desarrollo deben tramitar ante ella, la viabilidad ambiental que establece la Ley Orgánica del Ambiente, razón por la cual, se hace indispensable que cuente con efectivos y eficientes instrumentos técnicos de operación, elaborados dentro de un marco participativo y técnico amplio y no, como se pretende hacer por medio de una consultoría que discute los resultados y la propuesta sin cumplir con los procedimientos que el marco jurídico vigente establece para estos casos.
POR TANTO SE SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES:
1. Que no se considere la Propuesta de los cambios de modificación del Reglamento General de EIA, tanto por el fondo, según los argumentos expuestos por el Documento de Observaciones de la Asociación de Consultores, como por la forma, en que se quiere validar y dar formalidad a una Propuesta, por un camino que irrespeta el ordenamiento jurídico vigente y que por tanto, le da claros vicios de nulidad.
2. Que se reorganice y active sin más preludios la Comisión Técnica Mixta Asesora de la SETENA, la cual no se ha convocado desde el mes de mayo del 2007, para que, un marco amplio de participación y de discusión con todos los sectores allí representados, se discuta y propongan las acciones para mejorar los instrumentos técnicos de la EIA en Costa Rica, así como de la operatividad de la SETENA, y particularmente en el tema de los consultores ambientales y auditoría ambiental.
Este texto cuenta además con el respaldo de las siguientes organizaciones:
APREFLOFAS - Asociación Proyectos Alternativos (PROAL) - Asociación Justicia para la Naturaleza – CEDARENA - COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica - FECON - UNOVIDA
Sra. Laura Chinchilla, Presidente de la República
Sr. Alfio Piva, Vicepresidente
Sr. Teófilo de la Torre, Ministro de Ambiente
Sra. Ofelia Taittenbaum, Defensora de los Habitantes
Sres. Jefes de Fracciones de las bancadas en la Asamblea Legislativa
Sres. Magistrados de la Sala Constitucional
Sr. Jose Lino Cháves, Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo
Medios de prensa
MANIFIESTO REFERENTE A LA CONVOCATORIA A UN TALLER NACIONAL PARA ANALIZAR UNA “PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EN EL TEMA DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE GESTORES AMBIENTALES Y AUDITORÍA AMBIENTAL, BORRADOR IV VERSIÓN PARA TALLER NACIONAL DEL 09/08/10”
Ante el hecho de que el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), por medio de la Dirección General de Cooperación Internacional, el Viceministerio de Energía y Calidad Ambiental, la Secretaría General de la SETENA, en el marco del Acuerdo de Cooperación CCAD / USAID / DR – CAFTA, han organizado para el viernes 1 de abril del 2011, de 8 AM a 1 PM en el Hotel Radisson en San José, un Taller Nacional para analizar la propuesta de modificaciones al Reglamento general de SETENA, elaborado por el consultor Manuel E. López, se desea manifestar a las autoridades y a la opinión pública lo que en adelante se expresa.
CONSIDERANDO:
1. Que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) representa un instrumento técnico de gran valor estratégico para el desarrollo del país, que ha sido reconocido por diversas entidades como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, como una herramienta PREVENTIVA del daño ambiental y de tutela del artículo 50 de la Constitución.
2. Que la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554 del 13 de octubre de 1995) establece en su artículo 6, respecto a la PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES, y de conformidad con convenios internacionales suscritos por Costa Rica, que “el Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente”.
3. Que la Ley Orgánica del Ambiente, por medio de sus artículos 22 y 24, garantiza el proceso de participación de los habitantes como parte de la Evaluación de Impacto Ambiental, proceso que por su naturaleza no solo implica la participación de los ciudadanos en la revisión de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades, sino también los instrumentos de EIA con que se realizan dichas evaluaciones.
4. Que a fin de garantizar que el desarrollo de los instrumentos técnicos de la evaluación de impacto ambiental (EIA) se realizaran de forma participativa, considerando a los diferentes sectores de la sociedad, el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado mediante el Decreto Ejecutivo Número 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC, estableció mediante su artículo no. 121, una Comisión Técnica Asesora de la SETENA, que indica textualmente lo siguiente:
“La SETENA contará con una Comisión Técnica Asesora Mixta, como un órgano auxiliar asesor en materia ambiental. La misma deberá estar integrada, de manera equilibrada, por representantes del Poder Ejecutivo, del sector privado, ONG, y consultores ambientales. Su función principal será la de dar apoyo técnico a la SETENA en el tema de EIA, referente a procedimientos y lineamientos de funcionamiento del únicamente del sistema de EIA. Su integración, atribuciones y funciones específicas serán establecidas en un decreto ejecutivo que deberá publicarse en un plazo no mayor de 3 meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto ejecutivo”. (El destacado no es del original).
5. Que el Decreto Ejecutivo de la conformación de la Comisión Mixta corresponde con el DE 32631 – MINAE, y cuenta con una modificación, según el DE 32992 – MINAE, de manera que debe ser esta Comisión la que debe discutir y analizar el desarrollo de una modificación del Reglamento General de EIA en el tema de consultores ambientales y de auditoría ambiental.
6. Que el Considerando número 2, del Decreto Ejecutivo No. 32992 – MINAE que crea la Comisión Mixta Asesora de la SETENA argumenta: “Que el Gobierno debe incorporar decisiones y acciones específicas orientadas a cumplir con el objetivo de mejorar el ambiente y manejar adecuadamente los recursos naturales. A estos objetivos deberán incorporarse decisiones y acciones específicas destinadas a su cumplimiento, con el respaldo de regulaciones, instituciones y procedimientos que permitan lograr la funcionalidad de esas políticas. Para lo cual, resulta necesario reforzar y apoyar con un grupo de expertos que le brinden asesoría especializada a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA a fin de que pueda cumplir de mejor forma con la adecuada gestión de los Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental”. (El destacado no es del original).
7. Que estando vigentes los instrumentos jurídicos que crean y definen dicha Comisión Mixta, no resulta coherente ni tampoco acorde con el marco legal vigente, que una modificación tan significativa como la que se desea discutir en el Taller del 1 de abril, no haya sido objeto de análisis por parte de la Comisión Mixta a fin de determinar, después de una análisis detallado y multisectorial de la propuesta, si la misma es viable o no para ser incorporada al Sistema de EIA imperante en el país.
8. Que sobre los temas específicos que trata la Propuesta de modificación del Reglamento General de Procedimientos de EIA, la Asociación Costarricense de Consultores y Auditores Ambientales (ACTCAA) realizó un detallado análisis de su funcionalidad mediante un Documento de Observaciones de la Asociación de Consultores de Octubre del 2010 (ver Anexo 1), que sigue teniendo total validez y que, concluye que “el planteamiento de hacer cambios parciales o totales en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental vigente desde el año 2004, en los temas del registro de consultores ambientales y de auditoría ambiental, representa un ERROR DE RAIZ que no debe cometerse debido a que generaría consecuencias muy negativas no solo a los más de 2 mil profesionales que se desempeñan como consultores ambientales, sino también al modelo de EIA imperante en el país y con ello, al sistema ambiental costarricense”.
9. Que el documento de la Asociación de Consultores Ambientales de Costa Rica, incluye una propuesta de solución planteada al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, desde el mes de octubre del 2010, hace 6 meses, que indica textualmente lo siguiente: “estamos en total disposición de participar en el trabajo que debe hacer la Comisión Mixta como parte de un plan de trabajo urgente, para solucionar y completar los temas de procedimientos e instrumentos técnicos del proceso de EIA. Inclusive, ya se está trabajando en una propuesta de Reglamento de Gestores Ambientales y de Código de Ética, para que sea revisada por la Comisión Mixta en un plazo breve”. “Todo esto dentro del marco legal establecido por los decretos que conforman la Comisión, de forma transparente, abierta y participativa. Estamos convencidos de que esta es la única solución posible a la situación planteada”. “Además, dentro de los objetivos del DR – CAFTA en materia ambiental, lo que aquí se propone resulta más efectivo y de mayor equilibrio para normalizar y homogenizar procedimientos que lo que establece la Consultoría”.
10. Que Costa Rica, al igual que los demás Estados Partes al CAFTA, ha asumido una obligación que le impide revisar o modificar a la baja los estándares de protección en materia ambiental so pretexto de atraer mayor inversión (Art. 17. 2 del CAFTA)
11. Que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), es un ente técnico de desconcentración máxima, de gran importancia para el país, debido a que los proyectos de inversión y desarrollo deben tramitar ante ella, la viabilidad ambiental que establece la Ley Orgánica del Ambiente, razón por la cual, se hace indispensable que cuente con efectivos y eficientes instrumentos técnicos de operación, elaborados dentro de un marco participativo y técnico amplio y no, como se pretende hacer por medio de una consultoría que discute los resultados y la propuesta sin cumplir con los procedimientos que el marco jurídico vigente establece para estos casos.
POR TANTO SE SOLICITA A LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES:
1. Que no se considere la Propuesta de los cambios de modificación del Reglamento General de EIA, tanto por el fondo, según los argumentos expuestos por el Documento de Observaciones de la Asociación de Consultores, como por la forma, en que se quiere validar y dar formalidad a una Propuesta, por un camino que irrespeta el ordenamiento jurídico vigente y que por tanto, le da claros vicios de nulidad.
2. Que se reorganice y active sin más preludios la Comisión Técnica Mixta Asesora de la SETENA, la cual no se ha convocado desde el mes de mayo del 2007, para que, un marco amplio de participación y de discusión con todos los sectores allí representados, se discuta y propongan las acciones para mejorar los instrumentos técnicos de la EIA en Costa Rica, así como de la operatividad de la SETENA, y particularmente en el tema de los consultores ambientales y auditoría ambiental.
Este texto cuenta además con el respaldo de las siguientes organizaciones:
APREFLOFAS - Asociación Proyectos Alternativos (PROAL) - Asociación Justicia para la Naturaleza – CEDARENA - COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica - FECON - UNOVIDA
lunes, 3 de enero de 2011
CRUCITAS:SENTENCIA COMPLETA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Pilón Gigante, Zona Norte de Costa Rica. Cortesia J. Baltodano
El pasado 24 de noviembre del 2010, el Tribunal Contencioso Adminisitrativo (TCA) dió a conocer el "por tanto" de su decisión relativa al proyecto minero ubicado en Las Crucitas, provocando una explosión de júbilo general en la Sala del TCA, en las afueras del TCA, en las calles, y en varias partes del pais, y que se refleja, por ejemplo, en los comentarios de los lectores de elpais.cr o bien de los lectores de La Nación o de las redes sociales en Canal 7 y de muchos más medios en Costa Rica y también en el exterior, así como en la manifestación espontanea de alegría vivida en la Rotonda de la Hispanidad el 24 de noviembre por la noche. El pasado 14 de diciembre, se dió lectura pública por parte del TCA de la sentencia completa, cuyo texto ponemos a disposición del público en general,y que ha provocado ya discusión y debate en medios de prensa. Para efectos de eventual impresión de los gráficos contenidos en la decisión del TCA (que se desajustan en el link anterior debido a razones técnicas) remitimos a la siguiente versión.
martes, 3 de agosto de 2010
MANIFIESTO COLECTIVO SOLICITANDO DEROGAR EL DECRETO DE CONVENIENCIA NACIONAL EN LAS CRUCITAS
TEXTO DEL MANIFIESTO COLECTIVO SOLICITANDO DEROGAR EL DECRETO DE CONVENIENCIA NACIONAL EN LAS CRUCITAS
EL GOBIERNO PUEDE PERFECTAMENTE FRENAR LA MINERIA EN LAS CRUCITAS
El pasado 27 de julio el Poder Ejecutivo comunicó su negativa a derogar el Decreto Ejecutivo que declara de Conveniencia Nacional el Proyecto minero en Las Crucitas, solicitud exigida desde hace 2 años por una multitud de organizaciones, entidades científicas, académicas, municipios y colegios gremiales para detener el proyecto minero de Crucitas argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.
Ante esta actitud, estas mismas organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
1. La concesión otorgada por el gobierno del Presidente Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula; por cuanto se emitió estando vigente la moratoria minera decretada el 5 de junio del 2002 por la Administración de del Presidente Abel Pacheco.
2. Esta moratoria estuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008 (un mes después de otorgada la concesión), cuando se publicó en La Gaceta el decreto No. 34492-MINAE de 18 de marzo de 2008, emitido por el gobierno del Presidente Arias con el fin de derogarla.
3. Por lo tanto es absolutamente falso que el Estado no puede derogar el Decreto Ejecutivo ya que no existen derechos adquiridos consolidados por la Empresa minera. Tampoco es cierto que se tendría que indemnizar a la compañía minera con 1.700 millones de dólares como lo afirmara el Vicepresidente Alfio Piva en los medios de comunicación de manera totalmente prematura, infundada e imprudente.
4. La minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior. Además, de acuerdo con las sanas prácticas jurídicas y políticas, no corresponde a una autoridad de Gobierno adelantar criterio sobre el monto de una eventual indemnización. Lo que si corresponde es que el Gobierno tenga siempre presente que como administrador temporal de los bienes del Estado, debe proteger para el momento presente y futuro la calidad de vida y la calidad ambiental de las personas que viven y vivirán en el territorio costarricense.
5. El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de “interés público y conveniencia nacional” emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada.
6. La Presidenta Laura Chinchilla puede perfectamente derogar dicho decreto, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo estudia la validez o no de la concesión otorgada a la empresa minera; ninguna de estas dos acciones guardan relación y competen a órganos distintos. El Gobierno puede además iniciar con la sociedad costarricense la búsqueda de alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país.
7. El decreto de conveniencia nacional e interés público NO cuenta a la fecha, ni previo a su dictado con un estudio y un expediente expreso ante Presidencia y MINAET donde se fundamente y demuestre que lo social, está sobre el costo ambiental en un balance nacional conforme lo exige la Ley Forestal; aspectos que incluso trascienden un simple estudio de costo beneficio para un proyecto en concreto. El decreto relacionado no tiene un fundamento técnico-jurídico, donde señale en qué se fundamentó y además solo establecen posibles ingresos en impuestos y posibles fuentes de trabajo y talas de árboles de especies vedadas. No templaron los costos ambientales y sociales reales del proyecto minero, en el bosque, la biodiversidad, el suelo, el paisaje, las aguas superficiales, los acuíferos y en particular en el enorme riesgo que implica un proyecto de minería química que utilizará 5 millones de kilogramos de cianuro y otros sustancias peligrosas en un área fronteriza de alta vulnerabilidad ambiental y social, que podría tener serias y muy costosas consecuencias internacionales. Aspectos que debieron haberse expuesto y que por ahora se discutirán en el contencioso pues sépase que lo que la Sala expreso al respecto en voto de mayoría es solo una (mala) interpretación pero no selló el punto.
8. El gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa extranjera, dedicada a una actividad que según las últimas encuestas, es repudiada por el 90% de la población nacional.
Personas firmantes a titulo individual:
Gilda Victoria ABURTO ARRIETA, periodista ambientalista - Virginia María ACUÑA MONTERO, educadora - Oscar AGUILAR BULGARELLI, historiador, exdiputado y catedrático universitario - Bernardo AGUILAR-GONZALEZ, Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, Profesor adjunto, Northern Arizona University (EEUU - José Francisco ALFARO CARVAJAL, abogado - Yorleny ALPIZAR BARQUERO, Actriz y Gestora Cultural - Ronald ALVARADO SOTO, contador - Marco Tulio ARAYA BARBOZA, Periodista - Juan José ANTILLON MONTEALEGRE, politólogo - Leonor Isabel ANTILLON SARGENT, abogada - Clara ANTILLON SARGENT, ama de casa - William ARBUROLA CASTILLO, estudiante UCR - Gerardo BADILLA ALVAREZ, funcionario de la UCR y mienbro de la Plataforma Social Moraviana - Javier BALTODANO ARAGON, biólogo - Julio Eduardo BARQUERO ELIZONDO, Biologo marino - Maria Aurelia BLANDINO HERRERA, psicóloga - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho, UCR - Alberto BOLAÑOS ARIAS, Coordinador del Estudio Abierto - Ana BOLAÑOS MORA, Trabajadora Social - Rafael BOLAÑOS VILLALOBOS, Dr. en Historia y Geografo - Nelson BONILLA GÓMEZ, Ingeniero industrial - José Antonio CALDERON QUIROS,Ingeniero en computación, ITCR - Israel CALVO GONZALEZ, académico jubilado del ITCR, Ex-regidor municipal de Santo Domingo de Heredia - Laura CAMPOS VILLALOBOS, Educadora en Conservatorio de Castella - Lindsay CANET DESANTI, M.Sc.Coordinadora Programa de Investigación y Gestión de Corredores Biológicos del CATIE - Adilia CARAVACA ZUÑIGA, abogada - Eduardo CHACON MADRIGAL, Biólogo - María Celina CHAVARRIA GONZALEZ, Ph D., catedrática, UCR - Maylin CORDERO GAMBOA, Psicóloga. - María de los Angeles CORDERO MURILLO, educadora pensionada - Dr. Alberto CORTES RAMOS, Politologo, Miembro del Consejo Universitario, UCR - Andrea CORRALES BARRANTES, estudiante de Derecho, UCR -Luis Diego CRUZ CONEJO, Profesor universitario pensionado - Eduardo CUEVAS MARIN, abogado - Eduardo CUEVAS BADILLA, joyero - Ileana D'ALOLIO SANCHEZ, Historiadora - Paula DE LA PAZ AGUERO, Ingeniera Forestal, ITCR - Natalia DURAN GUIER, estudiante, UCR - Juan M. ESQUIVEL ALFARO, educador pensionado - Federico FACIO CRESPO, Tour operador - Teresa FALLAS ARIAS, profesor en Humanidades, UCR - Alba FALLAS FALLAS, bibliotecóloga - Juan Cristóbal FIGUEROLA LANDI, ingeniero forestal - Leda Maria GARCIA PEREZ, Directora de Al Rojo Vivo, ACTUAL 107.1 FM - Carimel GENÉ CRUICKSHANK, guia y buzo de rescate - Marielos GIRALT BERMUDEZ, Profesora pensionada, UCR -Andrea GÓMEZ JIMENEZ, profesora y actriz de teatro - Patricia GÓMEZ PEREIRA, periodista - Dr. Rafael GONZALEZ BALLAR, Ex Decano de la Facultad de Derecho, UCR, Miembro del Consejo Universitario/UCR - Carmen R. GONZALEZ GAIRAUD, M.Sc, Geografía/Oceanografía, UCR - Alexander GUERRA MORAN, Ingeniero civil - Omar HERRERA RODRIGUEZ, Estudiante en Trabajo Social, UCR - M.Sc. Anabelle HERRERA CHAVARRIA, Profesora, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, UNA -Viviana HIDALDO ARAYA, diseñadora publicitaria - Oscar JARA HOLLIDAY, sociólogo y educador popular - Quírico JIMENEZ MADRIGAL, Ingeniero forestal, Ex-diputado - María Teresa KOBERG GUTIERREZ, Ambientalista - Sigrid LAHMAN ZELEDON, Directora Ejecutiva Fundación Acción Ya - Vanessa LIZANO MORICE,Ambientalista y Administradora de Paradero Ecotour and Rescue Center - Bernal LIZANO CONEJO, Administrador - Jaime LOBO SEGURA, profesor universitario pensionado - Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR - Ana Cecilia MARIN GONZALEZ, pensionada - Luis Diego MARIN SCHUMACHER, Coordinador regional de Preserve Planet - Carolina MORA CHINCHILLA, profesora de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales, UCR - Marielos MORICE POVEDA, Encargada de Mariposario, Paradero Ecotour - Eduard MULLER CASTRO, PhD Rector, Universidad para la Cooperación Internacional y Vicepresidente para Centroamérica, México y Caribe hispano, Comisión Mundial de Áreas Protegidas/UICN - Manuel M. MURILLO, Catedrático, Director Programa de Posgrado Gestión Integrada Áreas Costeras Tropicales (GIACT), Investigador, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR, UCR) - Sofia Cristina MURILLO ORTIZ, estudiante de Ingenieria Ambiental, ITCR - Flora María MUÑOZ ARGUELLO, secretaria - Elsa Grettel ORTIZ ALVAREZ, Ex diputada - Rubén PAGURA, Premio Nacional de Teatro -Margarita PENÓN GÖNGORA, Ex Primera Dama - Giancarlo PROTTI RAMIREZ, Gestor Cultural - Manuel Fco. QUESADA MADRIZ publicista pensionado - Henry QUESADA MIRANDA, Estudiante de Biología - Victoria Eugenia QUIROS RAMIREZ, Redes de La Península/ Movimiento Nacional de Comunidades Costeras -Wagner QUIROS PEREIRA, Director de Proyectos ISV Costa Rica, International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Miguel RAMIREZ HERNANDEZ, funcionario, SENARA - Nydia REGUEYRA PINEDA, Ama de Casa - Fernando Jose RIVERA BENAVIDES, Mecánico de precisión - Jacklyn RIVERA WONG, Ingeniera forestal graduada ITCR -Holly ROBERTSON, Presidenta, Rainforest Biodiversity Group - Sonia ROJAS GUZMAN, Gerente General de Costa Rican Treasures - David ROJAS MONGE, Ecologista, Estudiante de Matemáticas UCR, Miembro de la Brigada que caminó de San José a Crucitas y asesor Parlamentario - Victor ROJAS MONGE, Ingeniero, Caminante Ni Una Sola Mina - Esteban RODRIGUEZ DOBLES,Historiador (UCR) - Marcela RODRIGUEZ RETANA, Arquitecta - Walter RODRIGUEZ VARGAS, Director Mercadeo y Desarrollo APPTA - Anacristina ROSSI, escritora y ecologista costarricense - Victor Manuel RUIZ GRANADOS, Docente, Liceo de Chomes; representante de la Asociacion de Desarrollo de San Judas de Chomes - Oscar SABORIO VALVERDE, empresario - Jose Luis SAENZ CRUZ, Vice presidente de reserva sin fines de lucro en Monteverde Puntarenas, "Aula Global Monteverde" - Carlos SALAZAR F. Comunicador www.elpais.cr - Carlos SANCHEZ AVENDAÑO, Lingüista, Profesor asociado, UCR - Marta Elena SÁNCHEZ SALAZAR, Pensionada - Marta Elena SANCHEZ SALAZAR, Catedrática, UCR -Oscar Mario SILANO AGUILAR, Médico internista - Carlos Alberto SOTO SALAZAR, Ingeniero Agrónomo - Diego SOTO VARGAS, abogado - Mariela SOTO ALVAREZ, farmaceutica - María José SOSA GUZMAN - Hilda Eugenia SOTO MUÑOZ, Profesora Preescolar de la Escuela ABACO - Maria Gabriela SOTO MUÑOZ, Profesora Agroecología CATIE - Anais TARACENA, estudiante costarricense, Universidad de Evry Val d´Essonne (Francia) - Juan Carlos TROYO MORA, Director Agencia de Viajes Don Carlos Tours - Ecaterina TRUJILLO FERNANDEZ, Relacionista Internacional - Ana Lorena ULATE RODRIGUEZ, profesora - Lic. Marco SABORIO PARAJELE, Administrador y Mercadólogo, ICE - Ricardo VALVEREDE SANCHEZ,Biólogo - Albino VARGAS BARRANTES, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)- Christopher VAUGHAN, PhD, Director Associated Colleges of the Midwest Costa Rica Program, Associate Adjunct Professor Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin - Anais VILLALOBOS KONG, Economista, M .Sc en Banca, Mercado de Capitales y Riesgos - Dr. Luis Bernardo VILLALOBOS SOLANO, Coordinador, Programa de Investigación en Políticas de Salud, Escuela de Salud Pública ,UCR - Andrés Felipe VILLEGAS JIMENEZ, estudiante de Historia, UCR - Fernando VINOCOUR PONCE, actor y director teatral - Luis Roberto ZAMORA BOLAÑOS, abogado - DR. Rolando ZAMORA GONZALEZ, Regidor propietario, Municipalidad de Coronado (PAC)- Cristina ZELEDON LIZANO, Doctora en Educación, Licenciada en Filosofía - Roberto ZUÑIGA GARRO, profesor pensionado
Entidades firmantes:
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia - Asociacion ambientalista de Proteccion de Siquirres - Asociación Ambiental para América Latina ( EALA) - Asociación de Pro mejoras de Playa Tamarindo - Asociación de Consultores para la Intergración y Acción Regional (ACIAR)- Bosques Nuestros - COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel - Costa Rica Rural S.A - Fundación Acción Ya - Fundación Araucanía - Fundación Alianza por el Planeta - Fundación Neotrópica - International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Justicia para la Naturaleza - Llamado Urgente por el Pais - Movimiento Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho,San Sebastián - PROAECO (Pro Acción Ecológica) de Palmares - Paisajes y Música de Exportación S.A (PYME) - Preserve Planet - Red de Coordinación en Biodiversidad - RIMSA -Sindicato SITRAP - The Leatherback Trust (TLT) -
EL GOBIERNO PUEDE PERFECTAMENTE FRENAR LA MINERIA EN LAS CRUCITAS
El pasado 27 de julio el Poder Ejecutivo comunicó su negativa a derogar el Decreto Ejecutivo que declara de Conveniencia Nacional el Proyecto minero en Las Crucitas, solicitud exigida desde hace 2 años por una multitud de organizaciones, entidades científicas, académicas, municipios y colegios gremiales para detener el proyecto minero de Crucitas argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.
Ante esta actitud, estas mismas organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
1. La concesión otorgada por el gobierno del Presidente Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula; por cuanto se emitió estando vigente la moratoria minera decretada el 5 de junio del 2002 por la Administración de del Presidente Abel Pacheco.
2. Esta moratoria estuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008 (un mes después de otorgada la concesión), cuando se publicó en La Gaceta el decreto No. 34492-MINAE de 18 de marzo de 2008, emitido por el gobierno del Presidente Arias con el fin de derogarla.
3. Por lo tanto es absolutamente falso que el Estado no puede derogar el Decreto Ejecutivo ya que no existen derechos adquiridos consolidados por la Empresa minera. Tampoco es cierto que se tendría que indemnizar a la compañía minera con 1.700 millones de dólares como lo afirmara el Vicepresidente Alfio Piva en los medios de comunicación de manera totalmente prematura, infundada e imprudente.
4. La minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior. Además, de acuerdo con las sanas prácticas jurídicas y políticas, no corresponde a una autoridad de Gobierno adelantar criterio sobre el monto de una eventual indemnización. Lo que si corresponde es que el Gobierno tenga siempre presente que como administrador temporal de los bienes del Estado, debe proteger para el momento presente y futuro la calidad de vida y la calidad ambiental de las personas que viven y vivirán en el territorio costarricense.
5. El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de “interés público y conveniencia nacional” emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada.
6. La Presidenta Laura Chinchilla puede perfectamente derogar dicho decreto, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo estudia la validez o no de la concesión otorgada a la empresa minera; ninguna de estas dos acciones guardan relación y competen a órganos distintos. El Gobierno puede además iniciar con la sociedad costarricense la búsqueda de alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país.
7. El decreto de conveniencia nacional e interés público NO cuenta a la fecha, ni previo a su dictado con un estudio y un expediente expreso ante Presidencia y MINAET donde se fundamente y demuestre que lo social, está sobre el costo ambiental en un balance nacional conforme lo exige la Ley Forestal; aspectos que incluso trascienden un simple estudio de costo beneficio para un proyecto en concreto. El decreto relacionado no tiene un fundamento técnico-jurídico, donde señale en qué se fundamentó y además solo establecen posibles ingresos en impuestos y posibles fuentes de trabajo y talas de árboles de especies vedadas. No templaron los costos ambientales y sociales reales del proyecto minero, en el bosque, la biodiversidad, el suelo, el paisaje, las aguas superficiales, los acuíferos y en particular en el enorme riesgo que implica un proyecto de minería química que utilizará 5 millones de kilogramos de cianuro y otros sustancias peligrosas en un área fronteriza de alta vulnerabilidad ambiental y social, que podría tener serias y muy costosas consecuencias internacionales. Aspectos que debieron haberse expuesto y que por ahora se discutirán en el contencioso pues sépase que lo que la Sala expreso al respecto en voto de mayoría es solo una (mala) interpretación pero no selló el punto.
8. El gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa extranjera, dedicada a una actividad que según las últimas encuestas, es repudiada por el 90% de la población nacional.
Personas firmantes a titulo individual:
Gilda Victoria ABURTO ARRIETA, periodista ambientalista - Virginia María ACUÑA MONTERO, educadora - Oscar AGUILAR BULGARELLI, historiador, exdiputado y catedrático universitario - Bernardo AGUILAR-GONZALEZ, Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, Profesor adjunto, Northern Arizona University (EEUU - José Francisco ALFARO CARVAJAL, abogado - Yorleny ALPIZAR BARQUERO, Actriz y Gestora Cultural - Ronald ALVARADO SOTO, contador - Marco Tulio ARAYA BARBOZA, Periodista - Juan José ANTILLON MONTEALEGRE, politólogo - Leonor Isabel ANTILLON SARGENT, abogada - Clara ANTILLON SARGENT, ama de casa - William ARBUROLA CASTILLO, estudiante UCR - Gerardo BADILLA ALVAREZ, funcionario de la UCR y mienbro de la Plataforma Social Moraviana - Javier BALTODANO ARAGON, biólogo - Julio Eduardo BARQUERO ELIZONDO, Biologo marino - Maria Aurelia BLANDINO HERRERA, psicóloga - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho, UCR - Alberto BOLAÑOS ARIAS, Coordinador del Estudio Abierto - Ana BOLAÑOS MORA, Trabajadora Social - Rafael BOLAÑOS VILLALOBOS, Dr. en Historia y Geografo - Nelson BONILLA GÓMEZ, Ingeniero industrial - José Antonio CALDERON QUIROS,Ingeniero en computación, ITCR - Israel CALVO GONZALEZ, académico jubilado del ITCR, Ex-regidor municipal de Santo Domingo de Heredia - Laura CAMPOS VILLALOBOS, Educadora en Conservatorio de Castella - Lindsay CANET DESANTI, M.Sc.Coordinadora Programa de Investigación y Gestión de Corredores Biológicos del CATIE - Adilia CARAVACA ZUÑIGA, abogada - Eduardo CHACON MADRIGAL, Biólogo - María Celina CHAVARRIA GONZALEZ, Ph D., catedrática, UCR - Maylin CORDERO GAMBOA, Psicóloga. - María de los Angeles CORDERO MURILLO, educadora pensionada - Dr. Alberto CORTES RAMOS, Politologo, Miembro del Consejo Universitario, UCR - Andrea CORRALES BARRANTES, estudiante de Derecho, UCR -Luis Diego CRUZ CONEJO, Profesor universitario pensionado - Eduardo CUEVAS MARIN, abogado - Eduardo CUEVAS BADILLA, joyero - Ileana D'ALOLIO SANCHEZ, Historiadora - Paula DE LA PAZ AGUERO, Ingeniera Forestal, ITCR - Natalia DURAN GUIER, estudiante, UCR - Juan M. ESQUIVEL ALFARO, educador pensionado - Federico FACIO CRESPO, Tour operador - Teresa FALLAS ARIAS, profesor en Humanidades, UCR - Alba FALLAS FALLAS, bibliotecóloga - Juan Cristóbal FIGUEROLA LANDI, ingeniero forestal - Leda Maria GARCIA PEREZ, Directora de Al Rojo Vivo, ACTUAL 107.1 FM - Carimel GENÉ CRUICKSHANK, guia y buzo de rescate - Marielos GIRALT BERMUDEZ, Profesora pensionada, UCR -Andrea GÓMEZ JIMENEZ, profesora y actriz de teatro - Patricia GÓMEZ PEREIRA, periodista - Dr. Rafael GONZALEZ BALLAR, Ex Decano de la Facultad de Derecho, UCR, Miembro del Consejo Universitario/UCR - Carmen R. GONZALEZ GAIRAUD, M.Sc, Geografía/Oceanografía, UCR - Alexander GUERRA MORAN, Ingeniero civil - Omar HERRERA RODRIGUEZ, Estudiante en Trabajo Social, UCR - M.Sc. Anabelle HERRERA CHAVARRIA, Profesora, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, UNA -Viviana HIDALDO ARAYA, diseñadora publicitaria - Oscar JARA HOLLIDAY, sociólogo y educador popular - Quírico JIMENEZ MADRIGAL, Ingeniero forestal, Ex-diputado - María Teresa KOBERG GUTIERREZ, Ambientalista - Sigrid LAHMAN ZELEDON, Directora Ejecutiva Fundación Acción Ya - Vanessa LIZANO MORICE,Ambientalista y Administradora de Paradero Ecotour and Rescue Center - Bernal LIZANO CONEJO, Administrador - Jaime LOBO SEGURA, profesor universitario pensionado - Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR - Ana Cecilia MARIN GONZALEZ, pensionada - Luis Diego MARIN SCHUMACHER, Coordinador regional de Preserve Planet - Carolina MORA CHINCHILLA, profesora de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales, UCR - Marielos MORICE POVEDA, Encargada de Mariposario, Paradero Ecotour - Eduard MULLER CASTRO, PhD Rector, Universidad para la Cooperación Internacional y Vicepresidente para Centroamérica, México y Caribe hispano, Comisión Mundial de Áreas Protegidas/UICN - Manuel M. MURILLO, Catedrático, Director Programa de Posgrado Gestión Integrada Áreas Costeras Tropicales (GIACT), Investigador, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR, UCR) - Sofia Cristina MURILLO ORTIZ, estudiante de Ingenieria Ambiental, ITCR - Flora María MUÑOZ ARGUELLO, secretaria - Elsa Grettel ORTIZ ALVAREZ, Ex diputada - Rubén PAGURA, Premio Nacional de Teatro -Margarita PENÓN GÖNGORA, Ex Primera Dama - Giancarlo PROTTI RAMIREZ, Gestor Cultural - Manuel Fco. QUESADA MADRIZ publicista pensionado - Henry QUESADA MIRANDA, Estudiante de Biología - Victoria Eugenia QUIROS RAMIREZ, Redes de La Península/ Movimiento Nacional de Comunidades Costeras -Wagner QUIROS PEREIRA, Director de Proyectos ISV Costa Rica, International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Miguel RAMIREZ HERNANDEZ, funcionario, SENARA - Nydia REGUEYRA PINEDA, Ama de Casa - Fernando Jose RIVERA BENAVIDES, Mecánico de precisión - Jacklyn RIVERA WONG, Ingeniera forestal graduada ITCR -Holly ROBERTSON, Presidenta, Rainforest Biodiversity Group - Sonia ROJAS GUZMAN, Gerente General de Costa Rican Treasures - David ROJAS MONGE, Ecologista, Estudiante de Matemáticas UCR, Miembro de la Brigada que caminó de San José a Crucitas y asesor Parlamentario - Victor ROJAS MONGE, Ingeniero, Caminante Ni Una Sola Mina - Esteban RODRIGUEZ DOBLES,Historiador (UCR) - Marcela RODRIGUEZ RETANA, Arquitecta - Walter RODRIGUEZ VARGAS, Director Mercadeo y Desarrollo APPTA - Anacristina ROSSI, escritora y ecologista costarricense - Victor Manuel RUIZ GRANADOS, Docente, Liceo de Chomes; representante de la Asociacion de Desarrollo de San Judas de Chomes - Oscar SABORIO VALVERDE, empresario - Jose Luis SAENZ CRUZ, Vice presidente de reserva sin fines de lucro en Monteverde Puntarenas, "Aula Global Monteverde" - Carlos SALAZAR F. Comunicador www.elpais.cr - Carlos SANCHEZ AVENDAÑO, Lingüista, Profesor asociado, UCR - Marta Elena SÁNCHEZ SALAZAR, Pensionada - Marta Elena SANCHEZ SALAZAR, Catedrática, UCR -Oscar Mario SILANO AGUILAR, Médico internista - Carlos Alberto SOTO SALAZAR, Ingeniero Agrónomo - Diego SOTO VARGAS, abogado - Mariela SOTO ALVAREZ, farmaceutica - María José SOSA GUZMAN - Hilda Eugenia SOTO MUÑOZ, Profesora Preescolar de la Escuela ABACO - Maria Gabriela SOTO MUÑOZ, Profesora Agroecología CATIE - Anais TARACENA, estudiante costarricense, Universidad de Evry Val d´Essonne (Francia) - Juan Carlos TROYO MORA, Director Agencia de Viajes Don Carlos Tours - Ecaterina TRUJILLO FERNANDEZ, Relacionista Internacional - Ana Lorena ULATE RODRIGUEZ, profesora - Lic. Marco SABORIO PARAJELE, Administrador y Mercadólogo, ICE - Ricardo VALVEREDE SANCHEZ,Biólogo - Albino VARGAS BARRANTES, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)- Christopher VAUGHAN, PhD, Director Associated Colleges of the Midwest Costa Rica Program, Associate Adjunct Professor Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin - Anais VILLALOBOS KONG, Economista, M .Sc en Banca, Mercado de Capitales y Riesgos - Dr. Luis Bernardo VILLALOBOS SOLANO, Coordinador, Programa de Investigación en Políticas de Salud, Escuela de Salud Pública ,UCR - Andrés Felipe VILLEGAS JIMENEZ, estudiante de Historia, UCR - Fernando VINOCOUR PONCE, actor y director teatral - Luis Roberto ZAMORA BOLAÑOS, abogado - DR. Rolando ZAMORA GONZALEZ, Regidor propietario, Municipalidad de Coronado (PAC)- Cristina ZELEDON LIZANO, Doctora en Educación, Licenciada en Filosofía - Roberto ZUÑIGA GARRO, profesor pensionado
Entidades firmantes:
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia - Asociacion ambientalista de Proteccion de Siquirres - Asociación Ambiental para América Latina ( EALA) - Asociación de Pro mejoras de Playa Tamarindo - Asociación de Consultores para la Intergración y Acción Regional (ACIAR)- Bosques Nuestros - COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel - Costa Rica Rural S.A - Fundación Acción Ya - Fundación Araucanía - Fundación Alianza por el Planeta - Fundación Neotrópica - International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Justicia para la Naturaleza - Llamado Urgente por el Pais - Movimiento Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho,San Sebastián - PROAECO (Pro Acción Ecológica) de Palmares - Paisajes y Música de Exportación S.A (PYME) - Preserve Planet - Red de Coordinación en Biodiversidad - RIMSA -Sindicato SITRAP - The Leatherback Trust (TLT) -
lunes, 5 de julio de 2010
MANIFIESTO A LAS MUNICIPALIDADES Y A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE
MANIFIESTO A LAS MUNICIPALIDADES Y A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE
Urgentes acciones a tomar sobre las torres de telefonía celular
Con la inminente apertura del país en el tema de telefonía celular, durante los últimos meses de ha dado un acelerado proceso de permisos a torres de telefonía celular, un elemento estratégico para las empresas que pretenden concursar por obtener bandas y con ello, poder comerciar redes privadas de telefonía celular en Costa Rica.
En el país, las entidades responsables de la apertura, como la SUTEL y la ARESEP, e incluso el mismo MINAET, han estado concentrados en la parte técnica de la apertura, no así en la parte ambiental y de salud humana. Mientras esas entidades se enfrascan en discusiones sobre los términos de la licitación pronta a abrirse, resulta que en otra entidad clave, la SETENA, se tramitan, solo en los últimos cuatro meses, más de 600 viabilidades ambientales para la ubicación, construcción y operación por muchos años de torres de telefonía celular en todo el país. En los últimos años, el número de torres con viabilidad ambiental ya supera los 1000 y hay muchas más en el proceso.
A pesar de que existe un gran debate a nivel mundial sobre los efectos en la salud humana y en general en la vida (animal y vegetal) de los efectos de las radiaciones no ionizantes, y en particular del espectro de microondas que se emiten desde las torres de celulares, en el país, la SETENA, ente responsable de tramitar las evaluaciones de impacto ambiental y por tanto, la viabilidad ambiental de las torres de telefonía celular, tramita esas viabilidades a golpe de tambor, como si fuera una fábrica, en menos de 10 días, y sin que los vecinos afectados, los municipios y la sociedad en general, puedan dar opinión sobre el tema.
La forma en que la SETENA ha establecido el trámite de evaluación de impacto ambiental de las torres de telecomunicaciones para telefonía celular debe ser revisada con urgencia. Por medio de dos resoluciones inconsultas, la No. 2031- 2009 del 26 de agosto del 2009, y la 123- 2010 del 20 de enero del 2010, la Comisión Plenaria de la SETENA, sin considerar lo que establece el Anexo 1 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849 – MINAE – SALUD – MOPT – MAG - MEIC, del 2004) y la misma Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 (Artículo 16), estableció un procedimiento acelerado de viabilidad ambiental que no corresponde con lo que establece el marco jurídico citado.
De acuerdo con la legislación ambiental vigente, las torres de celulares, al ser una concesión de un servicio público está obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que la SETENA, con las resoluciones citadas solo le solicita la herramienta técnica más sencilla, el Formulario Ambiental D2 y una documentación técnica anexa, obviando con ello que se realice una verdadera y efectiva evaluación ambiental para cada sitio y para cada torre y su entorno, y además, evitando que la municipalidad y la comunidad directamente relacionada puedan opinar de previo a la decisión de la viabilidad ambiental de la torre en cuestión. Como procedimiento sacado de una historia de fantasía, la SETENA, en el oficio en que otorga la viabilidad ambiental, le advierte al desarrollador de la torre, que previo al inicio de la construcción, haga un plan de divulgación.
Para colmo de males, la SETENA en su afán de agilizar al máximo el procedimiento de otorgamiento de las viabilidades ambientales, no hace inspección al sitio y emite la viabilidad, sin la participación de la Comisión Plenaria en la que existen otros representantes que deberían dar criterio sobre el tema, como el del Ministerio de Salud. Las viabilidades se otorgan, por un mecanismo no contemplado por la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, por medio de un oficio que firma la Secretaría General de la SETENA.
Mientras esto sucede y los desarrolladores de antenas celulares compiten y corren a buscar los permisos de construcción ante las municipalidades, en el mundo se está dando un debate muy importante sobre los efectos en la salud, y en un tema en particular, la distancia mínima que deben tener las torres de celulares y su intensidad de emisión, de las casas de habitación o de los sitios donde se aglomeren personas, como hospitales, centros comerciales o centros educativos. Mientras en países como Suiza, Rusia y China se establecen regulaciones muy severas, en Costa Rica, el tema ni siquiera se está discutiendo.
En el mundo, son muchas las organizaciones ambientales que señalan los problemas de salud que se pueden dar o se incrementan notablemente por vivir en las cercanías de las torres de celulares: cáncer en la piel, tumores cerebrales, Alzheimer y Parkinson, cataratas, enfermedades del corazón y riñones, abortos espontáneos y otros, incluyendo severas enfermedades en las mascotas (gatos y conejos) de dichas residencias. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tema, recomienda que se cumplan de forma estricta las normas de seguridad nacionales e internacionales, normas que a nivel nacional todavía el país no tiene. La OMS recomienda también que para la ubicación de las antenas “se consulte con las autoridades locales – municipalidades- y el público”, cosa que, como vimos, la SETENA considera que no forma parte del trámite de viabilidad ambiental, en clara contradicción de lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 22.
En muchos países, a nivel del Estado central o bien de los municipios, se han fijado regulaciones sobre las distancias de las torres a los sitios de permanencia de seres humanos, así en Australia es de 500 metros, en Toronto es de 200 m, Murcia en España es de 600 metros, e incluso en algunos estados de USA se ha argumentado que no se deben dar autorizaciones de localización de torres de celulares hasta que el asunto esté bien estudiado y se haya tomado una decisión sobre el tema. Chile está promoviendo una ley que regule y norme la localización y operación de estas obras.
Ante todo esto, y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos y sus gobiernos locales, no tienen información relevante, y de que en el momento menos pensado se enteran que al lado de sus casas se está construyendo una antena celular de varias decenas de metros que, además de generar un impacto en el paisaje, va emitir permanentemente y por muchos años, radiaciones no ionizantes, de tipo microondas que podrían dañar la salud de los seres vivientes; y ante el hecho de que el país no ha generado, de forma participativa y efectiva, una regulación sobre el tema, se hace el llamado de atención a las autoridades y se insta que las municipalidades del país, REVISEN CON SUMO CUIDADO LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES PARA TORRES y de ser del caso, los posterguen, hasta tanto se norme y regule desde el punto de vista técnico, ambiental y de salud la selección de sitios, construcción y operación de torres de telecomunicaciones para telefonía celular y sus similares.
Colegio de Biólogos de Costa Rica - Llamado Urgente por el Pais
Urgentes acciones a tomar sobre las torres de telefonía celular
Con la inminente apertura del país en el tema de telefonía celular, durante los últimos meses de ha dado un acelerado proceso de permisos a torres de telefonía celular, un elemento estratégico para las empresas que pretenden concursar por obtener bandas y con ello, poder comerciar redes privadas de telefonía celular en Costa Rica.
En el país, las entidades responsables de la apertura, como la SUTEL y la ARESEP, e incluso el mismo MINAET, han estado concentrados en la parte técnica de la apertura, no así en la parte ambiental y de salud humana. Mientras esas entidades se enfrascan en discusiones sobre los términos de la licitación pronta a abrirse, resulta que en otra entidad clave, la SETENA, se tramitan, solo en los últimos cuatro meses, más de 600 viabilidades ambientales para la ubicación, construcción y operación por muchos años de torres de telefonía celular en todo el país. En los últimos años, el número de torres con viabilidad ambiental ya supera los 1000 y hay muchas más en el proceso.
A pesar de que existe un gran debate a nivel mundial sobre los efectos en la salud humana y en general en la vida (animal y vegetal) de los efectos de las radiaciones no ionizantes, y en particular del espectro de microondas que se emiten desde las torres de celulares, en el país, la SETENA, ente responsable de tramitar las evaluaciones de impacto ambiental y por tanto, la viabilidad ambiental de las torres de telefonía celular, tramita esas viabilidades a golpe de tambor, como si fuera una fábrica, en menos de 10 días, y sin que los vecinos afectados, los municipios y la sociedad en general, puedan dar opinión sobre el tema.
La forma en que la SETENA ha establecido el trámite de evaluación de impacto ambiental de las torres de telecomunicaciones para telefonía celular debe ser revisada con urgencia. Por medio de dos resoluciones inconsultas, la No. 2031- 2009 del 26 de agosto del 2009, y la 123- 2010 del 20 de enero del 2010, la Comisión Plenaria de la SETENA, sin considerar lo que establece el Anexo 1 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849 – MINAE – SALUD – MOPT – MAG - MEIC, del 2004) y la misma Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 (Artículo 16), estableció un procedimiento acelerado de viabilidad ambiental que no corresponde con lo que establece el marco jurídico citado.
De acuerdo con la legislación ambiental vigente, las torres de celulares, al ser una concesión de un servicio público está obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que la SETENA, con las resoluciones citadas solo le solicita la herramienta técnica más sencilla, el Formulario Ambiental D2 y una documentación técnica anexa, obviando con ello que se realice una verdadera y efectiva evaluación ambiental para cada sitio y para cada torre y su entorno, y además, evitando que la municipalidad y la comunidad directamente relacionada puedan opinar de previo a la decisión de la viabilidad ambiental de la torre en cuestión. Como procedimiento sacado de una historia de fantasía, la SETENA, en el oficio en que otorga la viabilidad ambiental, le advierte al desarrollador de la torre, que previo al inicio de la construcción, haga un plan de divulgación.
Para colmo de males, la SETENA en su afán de agilizar al máximo el procedimiento de otorgamiento de las viabilidades ambientales, no hace inspección al sitio y emite la viabilidad, sin la participación de la Comisión Plenaria en la que existen otros representantes que deberían dar criterio sobre el tema, como el del Ministerio de Salud. Las viabilidades se otorgan, por un mecanismo no contemplado por la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, por medio de un oficio que firma la Secretaría General de la SETENA.
Mientras esto sucede y los desarrolladores de antenas celulares compiten y corren a buscar los permisos de construcción ante las municipalidades, en el mundo se está dando un debate muy importante sobre los efectos en la salud, y en un tema en particular, la distancia mínima que deben tener las torres de celulares y su intensidad de emisión, de las casas de habitación o de los sitios donde se aglomeren personas, como hospitales, centros comerciales o centros educativos. Mientras en países como Suiza, Rusia y China se establecen regulaciones muy severas, en Costa Rica, el tema ni siquiera se está discutiendo.
En el mundo, son muchas las organizaciones ambientales que señalan los problemas de salud que se pueden dar o se incrementan notablemente por vivir en las cercanías de las torres de celulares: cáncer en la piel, tumores cerebrales, Alzheimer y Parkinson, cataratas, enfermedades del corazón y riñones, abortos espontáneos y otros, incluyendo severas enfermedades en las mascotas (gatos y conejos) de dichas residencias. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tema, recomienda que se cumplan de forma estricta las normas de seguridad nacionales e internacionales, normas que a nivel nacional todavía el país no tiene. La OMS recomienda también que para la ubicación de las antenas “se consulte con las autoridades locales – municipalidades- y el público”, cosa que, como vimos, la SETENA considera que no forma parte del trámite de viabilidad ambiental, en clara contradicción de lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 22.
En muchos países, a nivel del Estado central o bien de los municipios, se han fijado regulaciones sobre las distancias de las torres a los sitios de permanencia de seres humanos, así en Australia es de 500 metros, en Toronto es de 200 m, Murcia en España es de 600 metros, e incluso en algunos estados de USA se ha argumentado que no se deben dar autorizaciones de localización de torres de celulares hasta que el asunto esté bien estudiado y se haya tomado una decisión sobre el tema. Chile está promoviendo una ley que regule y norme la localización y operación de estas obras.
Ante todo esto, y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos y sus gobiernos locales, no tienen información relevante, y de que en el momento menos pensado se enteran que al lado de sus casas se está construyendo una antena celular de varias decenas de metros que, además de generar un impacto en el paisaje, va emitir permanentemente y por muchos años, radiaciones no ionizantes, de tipo microondas que podrían dañar la salud de los seres vivientes; y ante el hecho de que el país no ha generado, de forma participativa y efectiva, una regulación sobre el tema, se hace el llamado de atención a las autoridades y se insta que las municipalidades del país, REVISEN CON SUMO CUIDADO LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES PARA TORRES y de ser del caso, los posterguen, hasta tanto se norme y regule desde el punto de vista técnico, ambiental y de salud la selección de sitios, construcción y operación de torres de telecomunicaciones para telefonía celular y sus similares.
Colegio de Biólogos de Costa Rica - Llamado Urgente por el Pais
domingo, 16 de mayo de 2010
Peligros de la moratoria a la mineria de oro firmada el 8 de mayo
Peligros de la moratoria a la minería de oro firmada el 8 de mayo
El pasado 8 de mayo, después de su investidura como Presidenta a la República, doña Laura Chinchilla, cumplió su promesa de firmar el decreto de moratoria a la minería de oro. Con ello, llenó de satisfacción a la mayoría de la población que opina que la minería metálica no es compatible con la naturaleza de un país tropical como el nuestro, ni tampoco con su modelo de desarrollo económico y social.
Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:
El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).
Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:
- Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.
- Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.
- No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.
- Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.
Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.
Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.
Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.
GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com
El pasado 8 de mayo, después de su investidura como Presidenta a la República, doña Laura Chinchilla, cumplió su promesa de firmar el decreto de moratoria a la minería de oro. Con ello, llenó de satisfacción a la mayoría de la población que opina que la minería metálica no es compatible con la naturaleza de un país tropical como el nuestro, ni tampoco con su modelo de desarrollo económico y social.
Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:
El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).
Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:
- Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.
- Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.
- No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.
- Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.
Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.
Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.
Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.
GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com
viernes, 16 de abril de 2010
COMUNICADO A LA POBLACION DE COSTA RICA Y A LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL
Referente al aval de la Sala Constitucional a Crucitas
Ante la Sentencia Nº 6922 de la Sala Constitucional de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 que resolvió el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 08-014068-0007-CO, con el que se da aval al Proyecto Minero a Cielo Abierto más grande de Centroamérica, el Grupo Llamado Urgente por el País, comunica lo siguiente:
1. La instancia legal ante la Sala Constitucional no representa la última y definitiva instancia para recurrir el Proyecto Minero Crucitas. Existen todavía, otras instancias nacionales e internacionales en las que es posible plantear recursos contra este polémico proyecto minero de agresión a la naturaleza. Inclusive, todavía existen otros recursos planteados ante la Sala Constitucional que no han sido resueltos por ésta y que fueron presentados de forma separada.
2. La siguiente instancia legal corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo, en el que ya se había planteado un recurso por Apreflofas, y cuyas medidas cautelares se encontraban en suspenso a la espera del trámite ante la Sala Constitucional. En este momento se está procediendo a solicitar la aplicación de dichas medidas, a fin de que la Empresa Canadiense Infinito Gold, no reinicie el proceso de devastación del bosque para la construcción del Proyecto Minero, en particular, durante el fin de semana que apenas inicia. No deja de extrañar que se dicte sentencia sobre un caso tan polémico, un día viernes en la tarde a las 3:40 PM a sabiendas que la interposición de nuevos recursos legales se dificulta durante el fin de semana.
3. Sabemos que el faltante de información "subsanado" al que se refiere la Sala IV con respecto a los informes requeridos por SENARA lo fue en menos de 48 horas, dando esta institución del Estado por válidos datos aportados por la empresa consultora contratada por la empresa. SENARA nunca realizó ningún estudio de campo en la zona, pese a que los datos de los pozos que dispone esta entidad, demuestran la existencia de un acuífero regional en toda esa zona que sería impactado por el proyecto minero Crucitas.
4. A los casi cuatro millones de costarricenses que representan el 89 % de la población del país que está en contra de la Minería Metálica en Costa Rica les informamos que nuestras organizaciones ambientales seguirán luchando en las instancias legales y técnicas correspondientes para que este proyecto, no se lleve a cabo, así como tampoco el peligroso antecedente que implica para que otra serie de proyectos mineros se desarrollen en el país.
A todos aquellos costarricenses que se encuentren disconformes con esta Sentencia de la Sala Constitucional, los instamos a hacer llegar su opinión a las autoridades de la República, por los medios de comunicación y redes sociales, para que se conozca el descontento generalizado que produce en la población una decisión de este tipo. La lucha por convertir a Costa Rica en un país libre de la minería metálica apenas comienza.
Llamado Urgente por el País
Ante la Sentencia Nº 6922 de la Sala Constitucional de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 que resolvió el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 08-014068-0007-CO, con el que se da aval al Proyecto Minero a Cielo Abierto más grande de Centroamérica, el Grupo Llamado Urgente por el País, comunica lo siguiente:
1. La instancia legal ante la Sala Constitucional no representa la última y definitiva instancia para recurrir el Proyecto Minero Crucitas. Existen todavía, otras instancias nacionales e internacionales en las que es posible plantear recursos contra este polémico proyecto minero de agresión a la naturaleza. Inclusive, todavía existen otros recursos planteados ante la Sala Constitucional que no han sido resueltos por ésta y que fueron presentados de forma separada.
2. La siguiente instancia legal corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo, en el que ya se había planteado un recurso por Apreflofas, y cuyas medidas cautelares se encontraban en suspenso a la espera del trámite ante la Sala Constitucional. En este momento se está procediendo a solicitar la aplicación de dichas medidas, a fin de que la Empresa Canadiense Infinito Gold, no reinicie el proceso de devastación del bosque para la construcción del Proyecto Minero, en particular, durante el fin de semana que apenas inicia. No deja de extrañar que se dicte sentencia sobre un caso tan polémico, un día viernes en la tarde a las 3:40 PM a sabiendas que la interposición de nuevos recursos legales se dificulta durante el fin de semana.
3. Sabemos que el faltante de información "subsanado" al que se refiere la Sala IV con respecto a los informes requeridos por SENARA lo fue en menos de 48 horas, dando esta institución del Estado por válidos datos aportados por la empresa consultora contratada por la empresa. SENARA nunca realizó ningún estudio de campo en la zona, pese a que los datos de los pozos que dispone esta entidad, demuestran la existencia de un acuífero regional en toda esa zona que sería impactado por el proyecto minero Crucitas.
4. A los casi cuatro millones de costarricenses que representan el 89 % de la población del país que está en contra de la Minería Metálica en Costa Rica les informamos que nuestras organizaciones ambientales seguirán luchando en las instancias legales y técnicas correspondientes para que este proyecto, no se lleve a cabo, así como tampoco el peligroso antecedente que implica para que otra serie de proyectos mineros se desarrollen en el país.
A todos aquellos costarricenses que se encuentren disconformes con esta Sentencia de la Sala Constitucional, los instamos a hacer llegar su opinión a las autoridades de la República, por los medios de comunicación y redes sociales, para que se conozca el descontento generalizado que produce en la población una decisión de este tipo. La lucha por convertir a Costa Rica en un país libre de la minería metálica apenas comienza.
Llamado Urgente por el País
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