TEXTO DEL MANIFIESTO COLECTIVO SOLICITANDO DEROGAR EL DECRETO DE CONVENIENCIA NACIONAL EN LAS CRUCITAS
EL GOBIERNO PUEDE PERFECTAMENTE FRENAR LA MINERIA EN LAS CRUCITAS
El pasado 27 de julio el Poder Ejecutivo comunicó su negativa a derogar el Decreto Ejecutivo que declara de Conveniencia Nacional el Proyecto minero en Las Crucitas, solicitud exigida desde hace 2 años por una multitud de organizaciones, entidades científicas, académicas, municipios y colegios gremiales para detener el proyecto minero de Crucitas argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.
Ante esta actitud, estas mismas organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:
1. La concesión otorgada por el gobierno del Presidente Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula; por cuanto se emitió estando vigente la moratoria minera decretada el 5 de junio del 2002 por la Administración de del Presidente Abel Pacheco.
2. Esta moratoria estuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008 (un mes después de otorgada la concesión), cuando se publicó en La Gaceta el decreto No. 34492-MINAE de 18 de marzo de 2008, emitido por el gobierno del Presidente Arias con el fin de derogarla.
3. Por lo tanto es absolutamente falso que el Estado no puede derogar el Decreto Ejecutivo ya que no existen derechos adquiridos consolidados por la Empresa minera. Tampoco es cierto que se tendría que indemnizar a la compañía minera con 1.700 millones de dólares como lo afirmara el Vicepresidente Alfio Piva en los medios de comunicación de manera totalmente prematura, infundada e imprudente.
4. La minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior. Además, de acuerdo con las sanas prácticas jurídicas y políticas, no corresponde a una autoridad de Gobierno adelantar criterio sobre el monto de una eventual indemnización. Lo que si corresponde es que el Gobierno tenga siempre presente que como administrador temporal de los bienes del Estado, debe proteger para el momento presente y futuro la calidad de vida y la calidad ambiental de las personas que viven y vivirán en el territorio costarricense.
5. El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de “interés público y conveniencia nacional” emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada.
6. La Presidenta Laura Chinchilla puede perfectamente derogar dicho decreto, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo estudia la validez o no de la concesión otorgada a la empresa minera; ninguna de estas dos acciones guardan relación y competen a órganos distintos. El Gobierno puede además iniciar con la sociedad costarricense la búsqueda de alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país.
7. El decreto de conveniencia nacional e interés público NO cuenta a la fecha, ni previo a su dictado con un estudio y un expediente expreso ante Presidencia y MINAET donde se fundamente y demuestre que lo social, está sobre el costo ambiental en un balance nacional conforme lo exige la Ley Forestal; aspectos que incluso trascienden un simple estudio de costo beneficio para un proyecto en concreto. El decreto relacionado no tiene un fundamento técnico-jurídico, donde señale en qué se fundamentó y además solo establecen posibles ingresos en impuestos y posibles fuentes de trabajo y talas de árboles de especies vedadas. No templaron los costos ambientales y sociales reales del proyecto minero, en el bosque, la biodiversidad, el suelo, el paisaje, las aguas superficiales, los acuíferos y en particular en el enorme riesgo que implica un proyecto de minería química que utilizará 5 millones de kilogramos de cianuro y otros sustancias peligrosas en un área fronteriza de alta vulnerabilidad ambiental y social, que podría tener serias y muy costosas consecuencias internacionales. Aspectos que debieron haberse expuesto y que por ahora se discutirán en el contencioso pues sépase que lo que la Sala expreso al respecto en voto de mayoría es solo una (mala) interpretación pero no selló el punto.
8. El gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa extranjera, dedicada a una actividad que según las últimas encuestas, es repudiada por el 90% de la población nacional.
Personas firmantes a titulo individual:
Gilda Victoria ABURTO ARRIETA, periodista ambientalista - Virginia María ACUÑA MONTERO, educadora - Oscar AGUILAR BULGARELLI, historiador, exdiputado y catedrático universitario - Bernardo AGUILAR-GONZALEZ, Director Ejecutivo, Fundación Neotrópica, Profesor adjunto, Northern Arizona University (EEUU - José Francisco ALFARO CARVAJAL, abogado - Yorleny ALPIZAR BARQUERO, Actriz y Gestora Cultural - Ronald ALVARADO SOTO, contador - Marco Tulio ARAYA BARBOZA, Periodista - Juan José ANTILLON MONTEALEGRE, politólogo - Leonor Isabel ANTILLON SARGENT, abogada - Clara ANTILLON SARGENT, ama de casa - William ARBUROLA CASTILLO, estudiante UCR - Gerardo BADILLA ALVAREZ, funcionario de la UCR y mienbro de la Plataforma Social Moraviana - Javier BALTODANO ARAGON, biólogo - Julio Eduardo BARQUERO ELIZONDO, Biologo marino - Maria Aurelia BLANDINO HERRERA, psicóloga - Nicolás BOEGLIN, Profesor, Facultad de Derecho, UCR - Alberto BOLAÑOS ARIAS, Coordinador del Estudio Abierto - Ana BOLAÑOS MORA, Trabajadora Social - Rafael BOLAÑOS VILLALOBOS, Dr. en Historia y Geografo - Nelson BONILLA GÓMEZ, Ingeniero industrial - José Antonio CALDERON QUIROS,Ingeniero en computación, ITCR - Israel CALVO GONZALEZ, académico jubilado del ITCR, Ex-regidor municipal de Santo Domingo de Heredia - Laura CAMPOS VILLALOBOS, Educadora en Conservatorio de Castella - Lindsay CANET DESANTI, M.Sc.Coordinadora Programa de Investigación y Gestión de Corredores Biológicos del CATIE - Adilia CARAVACA ZUÑIGA, abogada - Eduardo CHACON MADRIGAL, Biólogo - María Celina CHAVARRIA GONZALEZ, Ph D., catedrática, UCR - Maylin CORDERO GAMBOA, Psicóloga. - María de los Angeles CORDERO MURILLO, educadora pensionada - Dr. Alberto CORTES RAMOS, Politologo, Miembro del Consejo Universitario, UCR - Andrea CORRALES BARRANTES, estudiante de Derecho, UCR -Luis Diego CRUZ CONEJO, Profesor universitario pensionado - Eduardo CUEVAS MARIN, abogado - Eduardo CUEVAS BADILLA, joyero - Ileana D'ALOLIO SANCHEZ, Historiadora - Paula DE LA PAZ AGUERO, Ingeniera Forestal, ITCR - Natalia DURAN GUIER, estudiante, UCR - Juan M. ESQUIVEL ALFARO, educador pensionado - Federico FACIO CRESPO, Tour operador - Teresa FALLAS ARIAS, profesor en Humanidades, UCR - Alba FALLAS FALLAS, bibliotecóloga - Juan Cristóbal FIGUEROLA LANDI, ingeniero forestal - Leda Maria GARCIA PEREZ, Directora de Al Rojo Vivo, ACTUAL 107.1 FM - Carimel GENÉ CRUICKSHANK, guia y buzo de rescate - Marielos GIRALT BERMUDEZ, Profesora pensionada, UCR -Andrea GÓMEZ JIMENEZ, profesora y actriz de teatro - Patricia GÓMEZ PEREIRA, periodista - Dr. Rafael GONZALEZ BALLAR, Ex Decano de la Facultad de Derecho, UCR, Miembro del Consejo Universitario/UCR - Carmen R. GONZALEZ GAIRAUD, M.Sc, Geografía/Oceanografía, UCR - Alexander GUERRA MORAN, Ingeniero civil - Omar HERRERA RODRIGUEZ, Estudiante en Trabajo Social, UCR - M.Sc. Anabelle HERRERA CHAVARRIA, Profesora, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, UNA -Viviana HIDALDO ARAYA, diseñadora publicitaria - Oscar JARA HOLLIDAY, sociólogo y educador popular - Quírico JIMENEZ MADRIGAL, Ingeniero forestal, Ex-diputado - María Teresa KOBERG GUTIERREZ, Ambientalista - Sigrid LAHMAN ZELEDON, Directora Ejecutiva Fundación Acción Ya - Vanessa LIZANO MORICE,Ambientalista y Administradora de Paradero Ecotour and Rescue Center - Bernal LIZANO CONEJO, Administrador - Jaime LOBO SEGURA, profesor universitario pensionado - Dr. Jorge Lobo Segura, Biólogo, Doctor en Biología, Escuela de Biología, UCR, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR - Ana Cecilia MARIN GONZALEZ, pensionada - Luis Diego MARIN SCHUMACHER, Coordinador regional de Preserve Planet - Carolina MORA CHINCHILLA, profesora de Historia de la Cultura, Escuela de Estudios Generales, UCR - Marielos MORICE POVEDA, Encargada de Mariposario, Paradero Ecotour - Eduard MULLER CASTRO, PhD Rector, Universidad para la Cooperación Internacional y Vicepresidente para Centroamérica, México y Caribe hispano, Comisión Mundial de Áreas Protegidas/UICN - Manuel M. MURILLO, Catedrático, Director Programa de Posgrado Gestión Integrada Áreas Costeras Tropicales (GIACT), Investigador, Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR, UCR) - Sofia Cristina MURILLO ORTIZ, estudiante de Ingenieria Ambiental, ITCR - Flora María MUÑOZ ARGUELLO, secretaria - Elsa Grettel ORTIZ ALVAREZ, Ex diputada - Rubén PAGURA, Premio Nacional de Teatro -Margarita PENÓN GÖNGORA, Ex Primera Dama - Giancarlo PROTTI RAMIREZ, Gestor Cultural - Manuel Fco. QUESADA MADRIZ publicista pensionado - Henry QUESADA MIRANDA, Estudiante de Biología - Victoria Eugenia QUIROS RAMIREZ, Redes de La Península/ Movimiento Nacional de Comunidades Costeras -Wagner QUIROS PEREIRA, Director de Proyectos ISV Costa Rica, International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Miguel RAMIREZ HERNANDEZ, funcionario, SENARA - Nydia REGUEYRA PINEDA, Ama de Casa - Fernando Jose RIVERA BENAVIDES, Mecánico de precisión - Jacklyn RIVERA WONG, Ingeniera forestal graduada ITCR -Holly ROBERTSON, Presidenta, Rainforest Biodiversity Group - Sonia ROJAS GUZMAN, Gerente General de Costa Rican Treasures - David ROJAS MONGE, Ecologista, Estudiante de Matemáticas UCR, Miembro de la Brigada que caminó de San José a Crucitas y asesor Parlamentario - Victor ROJAS MONGE, Ingeniero, Caminante Ni Una Sola Mina - Esteban RODRIGUEZ DOBLES,Historiador (UCR) - Marcela RODRIGUEZ RETANA, Arquitecta - Walter RODRIGUEZ VARGAS, Director Mercadeo y Desarrollo APPTA - Anacristina ROSSI, escritora y ecologista costarricense - Victor Manuel RUIZ GRANADOS, Docente, Liceo de Chomes; representante de la Asociacion de Desarrollo de San Judas de Chomes - Oscar SABORIO VALVERDE, empresario - Jose Luis SAENZ CRUZ, Vice presidente de reserva sin fines de lucro en Monteverde Puntarenas, "Aula Global Monteverde" - Carlos SALAZAR F. Comunicador www.elpais.cr - Carlos SANCHEZ AVENDAÑO, Lingüista, Profesor asociado, UCR - Marta Elena SÁNCHEZ SALAZAR, Pensionada - Marta Elena SANCHEZ SALAZAR, Catedrática, UCR -Oscar Mario SILANO AGUILAR, Médico internista - Carlos Alberto SOTO SALAZAR, Ingeniero Agrónomo - Diego SOTO VARGAS, abogado - Mariela SOTO ALVAREZ, farmaceutica - María José SOSA GUZMAN - Hilda Eugenia SOTO MUÑOZ, Profesora Preescolar de la Escuela ABACO - Maria Gabriela SOTO MUÑOZ, Profesora Agroecología CATIE - Anais TARACENA, estudiante costarricense, Universidad de Evry Val d´Essonne (Francia) - Juan Carlos TROYO MORA, Director Agencia de Viajes Don Carlos Tours - Ecaterina TRUJILLO FERNANDEZ, Relacionista Internacional - Ana Lorena ULATE RODRIGUEZ, profesora - Lic. Marco SABORIO PARAJELE, Administrador y Mercadólogo, ICE - Ricardo VALVEREDE SANCHEZ,Biólogo - Albino VARGAS BARRANTES, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)- Christopher VAUGHAN, PhD, Director Associated Colleges of the Midwest Costa Rica Program, Associate Adjunct Professor Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin - Anais VILLALOBOS KONG, Economista, M .Sc en Banca, Mercado de Capitales y Riesgos - Dr. Luis Bernardo VILLALOBOS SOLANO, Coordinador, Programa de Investigación en Políticas de Salud, Escuela de Salud Pública ,UCR - Andrés Felipe VILLEGAS JIMENEZ, estudiante de Historia, UCR - Fernando VINOCOUR PONCE, actor y director teatral - Luis Roberto ZAMORA BOLAÑOS, abogado - DR. Rolando ZAMORA GONZALEZ, Regidor propietario, Municipalidad de Coronado (PAC)- Cristina ZELEDON LIZANO, Doctora en Educación, Licenciada en Filosofía - Roberto ZUÑIGA GARRO, profesor pensionado
Entidades firmantes:
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia - Asociacion ambientalista de Proteccion de Siquirres - Asociación Ambiental para América Latina ( EALA) - Asociación de Pro mejoras de Playa Tamarindo - Asociación de Consultores para la Intergración y Acción Regional (ACIAR)- Bosques Nuestros - COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica - Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel - Costa Rica Rural S.A - Fundación Acción Ya - Fundación Araucanía - Fundación Alianza por el Planeta - Fundación Neotrópica - International Student Volunteers (ISV)/Costa Rica - Justicia para la Naturaleza - Llamado Urgente por el Pais - Movimiento Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho,San Sebastián - PROAECO (Pro Acción Ecológica) de Palmares - Paisajes y Música de Exportación S.A (PYME) - Preserve Planet - Red de Coordinación en Biodiversidad - RIMSA -Sindicato SITRAP - The Leatherback Trust (TLT) -
martes, 3 de agosto de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
MANIFIESTO A LAS MUNICIPALIDADES Y A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE
MANIFIESTO A LAS MUNICIPALIDADES Y A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE
Urgentes acciones a tomar sobre las torres de telefonía celular
Con la inminente apertura del país en el tema de telefonía celular, durante los últimos meses de ha dado un acelerado proceso de permisos a torres de telefonía celular, un elemento estratégico para las empresas que pretenden concursar por obtener bandas y con ello, poder comerciar redes privadas de telefonía celular en Costa Rica.
En el país, las entidades responsables de la apertura, como la SUTEL y la ARESEP, e incluso el mismo MINAET, han estado concentrados en la parte técnica de la apertura, no así en la parte ambiental y de salud humana. Mientras esas entidades se enfrascan en discusiones sobre los términos de la licitación pronta a abrirse, resulta que en otra entidad clave, la SETENA, se tramitan, solo en los últimos cuatro meses, más de 600 viabilidades ambientales para la ubicación, construcción y operación por muchos años de torres de telefonía celular en todo el país. En los últimos años, el número de torres con viabilidad ambiental ya supera los 1000 y hay muchas más en el proceso.
A pesar de que existe un gran debate a nivel mundial sobre los efectos en la salud humana y en general en la vida (animal y vegetal) de los efectos de las radiaciones no ionizantes, y en particular del espectro de microondas que se emiten desde las torres de celulares, en el país, la SETENA, ente responsable de tramitar las evaluaciones de impacto ambiental y por tanto, la viabilidad ambiental de las torres de telefonía celular, tramita esas viabilidades a golpe de tambor, como si fuera una fábrica, en menos de 10 días, y sin que los vecinos afectados, los municipios y la sociedad en general, puedan dar opinión sobre el tema.
La forma en que la SETENA ha establecido el trámite de evaluación de impacto ambiental de las torres de telecomunicaciones para telefonía celular debe ser revisada con urgencia. Por medio de dos resoluciones inconsultas, la No. 2031- 2009 del 26 de agosto del 2009, y la 123- 2010 del 20 de enero del 2010, la Comisión Plenaria de la SETENA, sin considerar lo que establece el Anexo 1 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849 – MINAE – SALUD – MOPT – MAG - MEIC, del 2004) y la misma Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 (Artículo 16), estableció un procedimiento acelerado de viabilidad ambiental que no corresponde con lo que establece el marco jurídico citado.
De acuerdo con la legislación ambiental vigente, las torres de celulares, al ser una concesión de un servicio público está obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que la SETENA, con las resoluciones citadas solo le solicita la herramienta técnica más sencilla, el Formulario Ambiental D2 y una documentación técnica anexa, obviando con ello que se realice una verdadera y efectiva evaluación ambiental para cada sitio y para cada torre y su entorno, y además, evitando que la municipalidad y la comunidad directamente relacionada puedan opinar de previo a la decisión de la viabilidad ambiental de la torre en cuestión. Como procedimiento sacado de una historia de fantasía, la SETENA, en el oficio en que otorga la viabilidad ambiental, le advierte al desarrollador de la torre, que previo al inicio de la construcción, haga un plan de divulgación.
Para colmo de males, la SETENA en su afán de agilizar al máximo el procedimiento de otorgamiento de las viabilidades ambientales, no hace inspección al sitio y emite la viabilidad, sin la participación de la Comisión Plenaria en la que existen otros representantes que deberían dar criterio sobre el tema, como el del Ministerio de Salud. Las viabilidades se otorgan, por un mecanismo no contemplado por la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, por medio de un oficio que firma la Secretaría General de la SETENA.
Mientras esto sucede y los desarrolladores de antenas celulares compiten y corren a buscar los permisos de construcción ante las municipalidades, en el mundo se está dando un debate muy importante sobre los efectos en la salud, y en un tema en particular, la distancia mínima que deben tener las torres de celulares y su intensidad de emisión, de las casas de habitación o de los sitios donde se aglomeren personas, como hospitales, centros comerciales o centros educativos. Mientras en países como Suiza, Rusia y China se establecen regulaciones muy severas, en Costa Rica, el tema ni siquiera se está discutiendo.
En el mundo, son muchas las organizaciones ambientales que señalan los problemas de salud que se pueden dar o se incrementan notablemente por vivir en las cercanías de las torres de celulares: cáncer en la piel, tumores cerebrales, Alzheimer y Parkinson, cataratas, enfermedades del corazón y riñones, abortos espontáneos y otros, incluyendo severas enfermedades en las mascotas (gatos y conejos) de dichas residencias. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tema, recomienda que se cumplan de forma estricta las normas de seguridad nacionales e internacionales, normas que a nivel nacional todavía el país no tiene. La OMS recomienda también que para la ubicación de las antenas “se consulte con las autoridades locales – municipalidades- y el público”, cosa que, como vimos, la SETENA considera que no forma parte del trámite de viabilidad ambiental, en clara contradicción de lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 22.
En muchos países, a nivel del Estado central o bien de los municipios, se han fijado regulaciones sobre las distancias de las torres a los sitios de permanencia de seres humanos, así en Australia es de 500 metros, en Toronto es de 200 m, Murcia en España es de 600 metros, e incluso en algunos estados de USA se ha argumentado que no se deben dar autorizaciones de localización de torres de celulares hasta que el asunto esté bien estudiado y se haya tomado una decisión sobre el tema. Chile está promoviendo una ley que regule y norme la localización y operación de estas obras.
Ante todo esto, y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos y sus gobiernos locales, no tienen información relevante, y de que en el momento menos pensado se enteran que al lado de sus casas se está construyendo una antena celular de varias decenas de metros que, además de generar un impacto en el paisaje, va emitir permanentemente y por muchos años, radiaciones no ionizantes, de tipo microondas que podrían dañar la salud de los seres vivientes; y ante el hecho de que el país no ha generado, de forma participativa y efectiva, una regulación sobre el tema, se hace el llamado de atención a las autoridades y se insta que las municipalidades del país, REVISEN CON SUMO CUIDADO LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES PARA TORRES y de ser del caso, los posterguen, hasta tanto se norme y regule desde el punto de vista técnico, ambiental y de salud la selección de sitios, construcción y operación de torres de telecomunicaciones para telefonía celular y sus similares.
Colegio de Biólogos de Costa Rica - Llamado Urgente por el Pais
Urgentes acciones a tomar sobre las torres de telefonía celular
Con la inminente apertura del país en el tema de telefonía celular, durante los últimos meses de ha dado un acelerado proceso de permisos a torres de telefonía celular, un elemento estratégico para las empresas que pretenden concursar por obtener bandas y con ello, poder comerciar redes privadas de telefonía celular en Costa Rica.
En el país, las entidades responsables de la apertura, como la SUTEL y la ARESEP, e incluso el mismo MINAET, han estado concentrados en la parte técnica de la apertura, no así en la parte ambiental y de salud humana. Mientras esas entidades se enfrascan en discusiones sobre los términos de la licitación pronta a abrirse, resulta que en otra entidad clave, la SETENA, se tramitan, solo en los últimos cuatro meses, más de 600 viabilidades ambientales para la ubicación, construcción y operación por muchos años de torres de telefonía celular en todo el país. En los últimos años, el número de torres con viabilidad ambiental ya supera los 1000 y hay muchas más en el proceso.
A pesar de que existe un gran debate a nivel mundial sobre los efectos en la salud humana y en general en la vida (animal y vegetal) de los efectos de las radiaciones no ionizantes, y en particular del espectro de microondas que se emiten desde las torres de celulares, en el país, la SETENA, ente responsable de tramitar las evaluaciones de impacto ambiental y por tanto, la viabilidad ambiental de las torres de telefonía celular, tramita esas viabilidades a golpe de tambor, como si fuera una fábrica, en menos de 10 días, y sin que los vecinos afectados, los municipios y la sociedad en general, puedan dar opinión sobre el tema.
La forma en que la SETENA ha establecido el trámite de evaluación de impacto ambiental de las torres de telecomunicaciones para telefonía celular debe ser revisada con urgencia. Por medio de dos resoluciones inconsultas, la No. 2031- 2009 del 26 de agosto del 2009, y la 123- 2010 del 20 de enero del 2010, la Comisión Plenaria de la SETENA, sin considerar lo que establece el Anexo 1 del Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849 – MINAE – SALUD – MOPT – MAG - MEIC, del 2004) y la misma Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 (Artículo 16), estableció un procedimiento acelerado de viabilidad ambiental que no corresponde con lo que establece el marco jurídico citado.
De acuerdo con la legislación ambiental vigente, las torres de celulares, al ser una concesión de un servicio público está obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, mientras que la SETENA, con las resoluciones citadas solo le solicita la herramienta técnica más sencilla, el Formulario Ambiental D2 y una documentación técnica anexa, obviando con ello que se realice una verdadera y efectiva evaluación ambiental para cada sitio y para cada torre y su entorno, y además, evitando que la municipalidad y la comunidad directamente relacionada puedan opinar de previo a la decisión de la viabilidad ambiental de la torre en cuestión. Como procedimiento sacado de una historia de fantasía, la SETENA, en el oficio en que otorga la viabilidad ambiental, le advierte al desarrollador de la torre, que previo al inicio de la construcción, haga un plan de divulgación.
Para colmo de males, la SETENA en su afán de agilizar al máximo el procedimiento de otorgamiento de las viabilidades ambientales, no hace inspección al sitio y emite la viabilidad, sin la participación de la Comisión Plenaria en la que existen otros representantes que deberían dar criterio sobre el tema, como el del Ministerio de Salud. Las viabilidades se otorgan, por un mecanismo no contemplado por la Ley Orgánica del Ambiente, es decir, por medio de un oficio que firma la Secretaría General de la SETENA.
Mientras esto sucede y los desarrolladores de antenas celulares compiten y corren a buscar los permisos de construcción ante las municipalidades, en el mundo se está dando un debate muy importante sobre los efectos en la salud, y en un tema en particular, la distancia mínima que deben tener las torres de celulares y su intensidad de emisión, de las casas de habitación o de los sitios donde se aglomeren personas, como hospitales, centros comerciales o centros educativos. Mientras en países como Suiza, Rusia y China se establecen regulaciones muy severas, en Costa Rica, el tema ni siquiera se está discutiendo.
En el mundo, son muchas las organizaciones ambientales que señalan los problemas de salud que se pueden dar o se incrementan notablemente por vivir en las cercanías de las torres de celulares: cáncer en la piel, tumores cerebrales, Alzheimer y Parkinson, cataratas, enfermedades del corazón y riñones, abortos espontáneos y otros, incluyendo severas enfermedades en las mascotas (gatos y conejos) de dichas residencias. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el tema, recomienda que se cumplan de forma estricta las normas de seguridad nacionales e internacionales, normas que a nivel nacional todavía el país no tiene. La OMS recomienda también que para la ubicación de las antenas “se consulte con las autoridades locales – municipalidades- y el público”, cosa que, como vimos, la SETENA considera que no forma parte del trámite de viabilidad ambiental, en clara contradicción de lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 22.
En muchos países, a nivel del Estado central o bien de los municipios, se han fijado regulaciones sobre las distancias de las torres a los sitios de permanencia de seres humanos, así en Australia es de 500 metros, en Toronto es de 200 m, Murcia en España es de 600 metros, e incluso en algunos estados de USA se ha argumentado que no se deben dar autorizaciones de localización de torres de celulares hasta que el asunto esté bien estudiado y se haya tomado una decisión sobre el tema. Chile está promoviendo una ley que regule y norme la localización y operación de estas obras.
Ante todo esto, y el hecho de que la mayoría de los ciudadanos y sus gobiernos locales, no tienen información relevante, y de que en el momento menos pensado se enteran que al lado de sus casas se está construyendo una antena celular de varias decenas de metros que, además de generar un impacto en el paisaje, va emitir permanentemente y por muchos años, radiaciones no ionizantes, de tipo microondas que podrían dañar la salud de los seres vivientes; y ante el hecho de que el país no ha generado, de forma participativa y efectiva, una regulación sobre el tema, se hace el llamado de atención a las autoridades y se insta que las municipalidades del país, REVISEN CON SUMO CUIDADO LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE CONSTRUCCIONES PARA TORRES y de ser del caso, los posterguen, hasta tanto se norme y regule desde el punto de vista técnico, ambiental y de salud la selección de sitios, construcción y operación de torres de telecomunicaciones para telefonía celular y sus similares.
Colegio de Biólogos de Costa Rica - Llamado Urgente por el Pais
domingo, 16 de mayo de 2010
Peligros de la moratoria a la mineria de oro firmada el 8 de mayo
Peligros de la moratoria a la minería de oro firmada el 8 de mayo
El pasado 8 de mayo, después de su investidura como Presidenta a la República, doña Laura Chinchilla, cumplió su promesa de firmar el decreto de moratoria a la minería de oro. Con ello, llenó de satisfacción a la mayoría de la población que opina que la minería metálica no es compatible con la naturaleza de un país tropical como el nuestro, ni tampoco con su modelo de desarrollo económico y social.
Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:
El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).
Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:
- Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.
- Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.
- No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.
- Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.
Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.
Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.
Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.
GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com
El pasado 8 de mayo, después de su investidura como Presidenta a la República, doña Laura Chinchilla, cumplió su promesa de firmar el decreto de moratoria a la minería de oro. Con ello, llenó de satisfacción a la mayoría de la población que opina que la minería metálica no es compatible con la naturaleza de un país tropical como el nuestro, ni tampoco con su modelo de desarrollo económico y social.
Existen, sin embargo, dos elementos clave que no deben ser obviados en medio del júbilo de la firma y promulgación del decreto, y que, por el contrario, deben ser objeto de un análisis pausado y frío, con adecuado criterio científico:
El primer elemento que llama la atención, es que pocos días antes del cambio de poder y habiendo anunciado doña Laura, que iba a emitir un decreto de moratoria, la administración Arias firmara un decreto de moratoria a la minería de oro. Administración que había levantado una moratoria indefinida que regía desde el 2002 (Decreto No. 34492-MINAE, 18 de marzo del 2008), y que había otorgado la concesión de explotación minera para el proyecto Crucitas, (Resolución R-217-MINAE 21 de abril 2008) y también la que había declarado de interés público y conveniencia nacional dicho proyecto (Decreto No. 34801-MINAET, 13 de octubre del 2008).
Ese decreto que deja firmado el ahora ex–Presidente Arias, declara la moratoria únicamente a la minería de oro a cielo abierto, dejando por fuera la minería de oro de tipo subterráneo, la de placer, que es aquella que no usa cianuro ni mercurio, sino que extrae el oro de los sedimentos de los ríos, y otros tipos de minería metálica. Además, incluye una extraña frase: “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que aclare qué tipo de derecho y obtenido bajo qué forma, lo cual en los términos del Código de Minería actual, puede resultar contradictorio desde el punto de vista técnico y legal.
El segundo elemento, se refiere al decreto de modificación que firmó doña Laura, para el cual hay varias observaciones importantes:
- Se amplía la moratoria dictada por la Administración Arias para que alcance también a la minería metálica de oro de tipo subterráneo, y se limita a la minería de oro que usa cianuro y mercurio.
- Se deja por fuera la minería de oro de placer, la cual representa un potencial peligro para la Península de Osa donde este tipo de minería podría darse.
- No declara moratoria al resto de la minería metálica, como la de plata, aluminio, cobre, plomo, cromo, níquel, manganeso o uranio, de las cuales el país, por sus condiciones geológicas, podría tener potencial. No se debe olvidar el comunicado del Colegio de Geólogos de Costa Rica a la Asamblea Legislativa, de marzo pasado, sobre el texto sustitutivo al Código de Minería en la que señala el potencial minero del país. Con el decreto tal y como está redactado, las empresas mineras podrán seguir solicitando permisos de exploración y hasta concesiones de explotación minera metálica para otros metales que no sean oro. Es claro que hay una inconsistencia, dado que este tipo de minería es igual o más impactante que la minería de oro.
- Se mantiene la redacción que utilizó el decreto de moratoria de don Abel Pacheco en el 2002, y que a todas luces no funcionó con la Administración Arias, señalando que se declara la moratoria de forma “indefinida”. Ante esto, lo más recomendable es ser consistente con la meta, y señalar que la moratoria se mantiene hasta tanto no se haga una revisión integral del Código de Minería y, basada en una evaluación de costo – beneficio ambiental de la minería metálica para el país, se tome una decisión nacional y definitiva sobre dicha actividad.
Finalmente, al mantener la frase “Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado”, sin que se aclare cuáles derechos y de qué forman son obtenidos, se corre el riesgo de que muchos de los casi 40 expedientes de minería metálica, 15 de ellos de la misma minera de Crucitas, Industrias Infinito S.A., y otros 3 en territorios indígenas, hagan lo mismo que sucedió en el año 2003 y reclamen, basado en una redacción confusa del Código de Minería actual, que ya tienen derechos adquiridos y por tanto que debe permitírseles continuar con los trámites de exploración y explotación minera. Mucho pudo haber pasado durante casi 23 meses en que duró el levantamiento de la moratoria a la minería metálica, decretado por la Administración Arias.
Como se ha expuesto, el decreto de moratoria firmado por la señora presidenta deja abiertas muchas puertas para que la minería metálica pueda seguir dándose en el país, lo cual pareciera contradecir su compromiso de prohibir la minería mediante un decreto de moratoria.
En esta perspectiva, resulta oportuno establecer directrices hacia un futuro no lejano, en el cual la demanda de metales preciosos por las grandes transnacionales, pongan su mirada en los valiosos recursos del suelo y subsuelo marino, donde nuestro país tiene enormes reservas coincidentes con áreas estratégicas de reproducción y variedad de especies.
Ante esto, nos permitimos hacer un llamado vehemente a las nuevas autoridades para replantear el decreto firmado el 8 de mayo, con base en fundamentos más jurídicos, técnicos y científicos, de manera tal que se cierre en forma firme y decida la probabilidad de que la actividad minera metálica pueda desarrollarse en el país en las condiciones actuales.
Con mucho respeto someteríamos una propuesta de decreto que podría ser una base de discusión y análisis en aras de mejorar el decreto de moratoria minera en el país.
GRUPO LLAMADO URGENTE POR EL PAÍS
http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com
viernes, 16 de abril de 2010
COMUNICADO A LA POBLACION DE COSTA RICA Y A LA OPINION PUBLICA INTERNACIONAL
Referente al aval de la Sala Constitucional a Crucitas
Ante la Sentencia Nº 6922 de la Sala Constitucional de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 que resolvió el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 08-014068-0007-CO, con el que se da aval al Proyecto Minero a Cielo Abierto más grande de Centroamérica, el Grupo Llamado Urgente por el País, comunica lo siguiente:
1. La instancia legal ante la Sala Constitucional no representa la última y definitiva instancia para recurrir el Proyecto Minero Crucitas. Existen todavía, otras instancias nacionales e internacionales en las que es posible plantear recursos contra este polémico proyecto minero de agresión a la naturaleza. Inclusive, todavía existen otros recursos planteados ante la Sala Constitucional que no han sido resueltos por ésta y que fueron presentados de forma separada.
2. La siguiente instancia legal corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo, en el que ya se había planteado un recurso por Apreflofas, y cuyas medidas cautelares se encontraban en suspenso a la espera del trámite ante la Sala Constitucional. En este momento se está procediendo a solicitar la aplicación de dichas medidas, a fin de que la Empresa Canadiense Infinito Gold, no reinicie el proceso de devastación del bosque para la construcción del Proyecto Minero, en particular, durante el fin de semana que apenas inicia. No deja de extrañar que se dicte sentencia sobre un caso tan polémico, un día viernes en la tarde a las 3:40 PM a sabiendas que la interposición de nuevos recursos legales se dificulta durante el fin de semana.
3. Sabemos que el faltante de información "subsanado" al que se refiere la Sala IV con respecto a los informes requeridos por SENARA lo fue en menos de 48 horas, dando esta institución del Estado por válidos datos aportados por la empresa consultora contratada por la empresa. SENARA nunca realizó ningún estudio de campo en la zona, pese a que los datos de los pozos que dispone esta entidad, demuestran la existencia de un acuífero regional en toda esa zona que sería impactado por el proyecto minero Crucitas.
4. A los casi cuatro millones de costarricenses que representan el 89 % de la población del país que está en contra de la Minería Metálica en Costa Rica les informamos que nuestras organizaciones ambientales seguirán luchando en las instancias legales y técnicas correspondientes para que este proyecto, no se lleve a cabo, así como tampoco el peligroso antecedente que implica para que otra serie de proyectos mineros se desarrollen en el país.
A todos aquellos costarricenses que se encuentren disconformes con esta Sentencia de la Sala Constitucional, los instamos a hacer llegar su opinión a las autoridades de la República, por los medios de comunicación y redes sociales, para que se conozca el descontento generalizado que produce en la población una decisión de este tipo. La lucha por convertir a Costa Rica en un país libre de la minería metálica apenas comienza.
Llamado Urgente por el País
Ante la Sentencia Nº 6922 de la Sala Constitucional de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 que resolvió el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 08-014068-0007-CO, con el que se da aval al Proyecto Minero a Cielo Abierto más grande de Centroamérica, el Grupo Llamado Urgente por el País, comunica lo siguiente:
1. La instancia legal ante la Sala Constitucional no representa la última y definitiva instancia para recurrir el Proyecto Minero Crucitas. Existen todavía, otras instancias nacionales e internacionales en las que es posible plantear recursos contra este polémico proyecto minero de agresión a la naturaleza. Inclusive, todavía existen otros recursos planteados ante la Sala Constitucional que no han sido resueltos por ésta y que fueron presentados de forma separada.
2. La siguiente instancia legal corresponde al Juzgado Contencioso Administrativo, en el que ya se había planteado un recurso por Apreflofas, y cuyas medidas cautelares se encontraban en suspenso a la espera del trámite ante la Sala Constitucional. En este momento se está procediendo a solicitar la aplicación de dichas medidas, a fin de que la Empresa Canadiense Infinito Gold, no reinicie el proceso de devastación del bosque para la construcción del Proyecto Minero, en particular, durante el fin de semana que apenas inicia. No deja de extrañar que se dicte sentencia sobre un caso tan polémico, un día viernes en la tarde a las 3:40 PM a sabiendas que la interposición de nuevos recursos legales se dificulta durante el fin de semana.
3. Sabemos que el faltante de información "subsanado" al que se refiere la Sala IV con respecto a los informes requeridos por SENARA lo fue en menos de 48 horas, dando esta institución del Estado por válidos datos aportados por la empresa consultora contratada por la empresa. SENARA nunca realizó ningún estudio de campo en la zona, pese a que los datos de los pozos que dispone esta entidad, demuestran la existencia de un acuífero regional en toda esa zona que sería impactado por el proyecto minero Crucitas.
4. A los casi cuatro millones de costarricenses que representan el 89 % de la población del país que está en contra de la Minería Metálica en Costa Rica les informamos que nuestras organizaciones ambientales seguirán luchando en las instancias legales y técnicas correspondientes para que este proyecto, no se lleve a cabo, así como tampoco el peligroso antecedente que implica para que otra serie de proyectos mineros se desarrollen en el país.
A todos aquellos costarricenses que se encuentren disconformes con esta Sentencia de la Sala Constitucional, los instamos a hacer llegar su opinión a las autoridades de la República, por los medios de comunicación y redes sociales, para que se conozca el descontento generalizado que produce en la población una decisión de este tipo. La lucha por convertir a Costa Rica en un país libre de la minería metálica apenas comienza.
Llamado Urgente por el País
viernes, 9 de abril de 2010
GRAVES DESACIERTOS AMBIENTALES DE LA ADMINISTRACION ARIAS (2006-2010)
ENGLISH VERSION OF THIS TEXT AVAILABLE: SERIOUS ENVIRONMENTAL LAPSES OF THE 2006-2010 ARIAS ADMINISTRATION, traducción por Ben Engel B.A.
El período 2006 – 2010 de la administración Oscar Arias Sánchez será recordado como un período de polarización de la sociedad, incluyendo el tema ambiental. Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.
Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración
La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan. Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio "el que contamina paga" contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos con bromacil y otras sustancias tóxicas. Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.
Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales, técnicos y ambientales para atender esta problemática. A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto). No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país. El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.
Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE - COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de la región de Cóbano, Paquera y Lepanto. El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado. Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.
El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales. El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos.
Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema. Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”. El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico. En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.
Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.
Con dos decretos ejecutivos se modifican sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC, la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB. La “interpretación” del Art. 78.6 permite que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80 elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes. Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie, ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades. Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.
Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.
Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.
Extraña sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles "No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, "volátil" y adoleciendo de criterios técnicos, los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.
En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 - 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.
Llamado Urgente por el País y las siguientes agrupaciones o entidades:
Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON)
Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo
Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA)
Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA)
Coope – SoliDar R.L.
Asociación de Ecología Social (AESO)
Oilwatch Costa Rica
Confraternidad Guanacasteca
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Fundación Opinión Ambiental
Justicia para la Naturaleza
Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia
Bosques Nuestros
Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Terra Nostra
Asociación Ambientalista de Siquirres
Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR)
Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A)
Asociación Proyecto Alternativos (PROAL)
Amigos del Río Pacuare.
Union por la Vida (UNOVIDA)
APREFLOFAS
El período 2006 – 2010 de la administración Oscar Arias Sánchez será recordado como un período de polarización de la sociedad, incluyendo el tema ambiental. Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.
Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración
La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan. Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio "el que contamina paga" contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos con bromacil y otras sustancias tóxicas. Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.
Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales, técnicos y ambientales para atender esta problemática. A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto). No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país. El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.
Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE - COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de la región de Cóbano, Paquera y Lepanto. El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado. Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.
El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales. El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos.
Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema. Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”. El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico. En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.
Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.
Con dos decretos ejecutivos se modifican sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC, la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB. La “interpretación” del Art. 78.6 permite que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80 elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes. Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie, ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades. Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.
Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.
Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.
Extraña sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles "No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, "volátil" y adoleciendo de criterios técnicos, los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.
En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 - 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.
Llamado Urgente por el País y las siguientes agrupaciones o entidades:
Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON)
Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo
Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA)
Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA)
Coope – SoliDar R.L.
Asociación de Ecología Social (AESO)
Oilwatch Costa Rica
Confraternidad Guanacasteca
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Fundación Opinión Ambiental
Justicia para la Naturaleza
Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia
Bosques Nuestros
Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Terra Nostra
Asociación Ambientalista de Siquirres
Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR)
Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A)
Asociación Proyecto Alternativos (PROAL)
Amigos del Río Pacuare.
Union por la Vida (UNOVIDA)
APREFLOFAS
jueves, 18 de marzo de 2010
CARTA ABIERTA AL SEÑOR PRESIDENTE
Señor:
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Casa Presidencial
Costa Rica
S.D.
Asunto: PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTAS URGENTES AL SEÑOR PRESIDENTE OSCAR ARIAS, SOBRE LA SERIE DE ACCIONES ANTIAMBIENTALES QUE HA DESARROLLADO Y ESTÁ DESARROLLANDO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE SU GOBIERNO
Estimado señor:
Ante la serie de acontecimientos que han tenido lugar durante las últimas semanas y ante las acciones que se están dando en el seno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), cuyo origen pareciera obedecer a presiones deliberadas y articuladas que no toman en cuenta los intereses de la sostenibilidad ambiental del país, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras organizaciones ambientales de Costa Rica, desea plantearle a Usted, con el respeto que su envestidura merece, de forma pública, las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón se atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la protección de los recursos hídricos con la aprobación y promulgación de un decreto que amplía el anillo de contención urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM) en 200 metros, cuando se sabe, por los estudios técnicos elaborados por el Programa Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM), que el 75 % de esos terrenos NO SON APTOS NI TECNICA NI AMBIENTALMENTE para la urbanización?
¿Por qué razón, apenas tres días después de que el ex – director del PRUGAM el Arquitecto Eduardo Brenes, diera declaraciones al Programa Nuestra Voz, a la periodista Amelia Rueda en Radio Monumental, es destituido del cargo de Director Ejecutivo de la Secretaría de Planificación Urbana por la señora Ministra Ing. Clara Zomer, cuando el convenio estaba vigente hasta diciembre del 2010? ¿Se trata acaso de una represalia para acallar las voces de quienes con valentía opinan lo contrario?
2.¿Por qué razón, de un “plumazo”, la señora Ministra Zomer, extermina un proceso de más de 6 años de avance y 18 millones de dólares con aporte de la Unión Europea y del país en el tema de ordenamiento territorial, haciendo que prácticamente se desmantele todo los construido y heredado por el PRUGAM a la Secretaría de Planificación Urbana del MIVAH?
3. ¿Cuáles son las razones reales por las que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, después de 14 meses de estudio del Plan PRUGAM 2008 – 2030, no se ha manifestado al respecto, pese a que en los considerandos del mismo decreto sobre la apertura del anillo de contención están de acuerdo con la zonificación ambiental del PRUGAM y la viabilidad ambiental aprobada por la SETENA en el año 2009?
4.¿Por qué motivo, durante las últimas semanas, el señor Ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, ha venido presionando al equipo técnico del PRUGAM y de la misma SETENA para que trabaje en la propuesta de un decreto ejecutivo que sustituya el actual decreto ejecutivo 32967 – MINAE (Procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores) publicada en el año 2006, por orden de la Sala Constitucional? ¿Por qué se quiere cambiar la metodología técnica ambiental que utilizó el PRUGAM para el Plan Regional y para los 31 municipios de la GAM? ¿Por qué se quiere cambiar, de forma inconsulta y arbitraria, un instrumento técnico recomendado por una Comisión Mixta (Decreto Ejecutivo 32631 – MINAE) de amplia participación social, por una herramienta técnica diferente? ¿Por qué si el instrumento técnico ha sido y está siendo utilizado por más de 50 municipios en la elaboración de sus planes reguladores, se quiere cambiar? ¿Será acaso que los resultados de dichos estudios no convienen a los intereses de algunos?
5.¿Por qué razón el Ministro del MINAET, Jorge Rodríguez, no ha realizado el Taller de discusión sobre el Reglamento de Contaminación Visual y de Gestión del Paisaje, tal y como se comprometió en el mes de Noviembre pasado con la Sala Constitucional por medio del oficio DM – 2154 – 2009? ¿Por qué, a golpe de tambor, este Ministerio, ha elaborado una propuesta de Decreto para normar las torres de telefonía celular, sin ponerlo a discusión técnica de todas las partes interesadas exponiéndose así a que este Decreto sea objeto de un recurso de amparo para luego ser probablemente suspendido por la Sala Constitucional?
6.¿Por qué razón la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, representada por la Ing. Sonia Espinosa y su Comisión Plenaria, durante los últimos dos años, han emitido, de forma arbitraria e inconsulta, una serie de resoluciones que cambian los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sin que se haya consultado nunca a la Comisión Mixta creada precisamente para dar apoyo amplio y participativo a la SETENA en este proceso? ¿Por qué razón esta Comisión Mixta no ha sido convocada desde hace 3 años? ¿Por qué de última hora, apenas unas semanas antes del cambio de gobierno, se está trabajando en una propuesta de cambio del Reglamento General de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que, de forma inconsulta y arbitraria, pretende cambiar radicalmente los procedimientos técnicos de evaluación de impacto ambiental, eliminando el uso de consultores ambientales y a favor de los desarrolladores de proyectos?
7. ¿Por qué razón, pese a la oposición y argumentación expuesta por diversas organizaciones sociales y ambientales, se insiste en convocar ante la Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 35.800 MP, el Proyecto de Ley que pretende modificar los límites y la categoría del Parque Nacional Marino Las Baulas, para bajarlo a la categoría de Refugio Mixto, poniendo así en peligro de exterminio uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para la tortugas Baula?
9. ¿Por qué razón se han derogado Refugios de Vida Silvestre Privados (Decreto Ejecutivo 35621- MINAET) y modificado áreas de protección de nacientes (Decreto Ejecutivo Nº 35151-MINAET) que favorecen el desarrollo de usos del suelo que deterioran el ambiente y los recursos naturales, y en general debilitan el sistema de áreas protegidas del país?
10. ¿Por qué ha habido falta de voluntad para amojonar debidamente la zona de protección del Macizo del Barva decretada en 1888 pese a una decisión de la Sala Constitucional desde agosto del 2008 en ese sentido?
Esta serie de desafortunadas acciones de las últimas semanas de su Administración en el campo ambiental, se suma a otras igual de graves, como lo son la concesión, declaratoria de conveniencia nacional, y permisos de tala de bosque, al que podría ser el proyecto de minería a cielo abierto más grande de Centroamérica (proyecto Crucitas), así como el caso del desarrollo inmobiliario desordenado en las costas del país, el tema del acueducto de Sardinal y la expansión piñera y sus nefastos efectos en el ambiente, por solo mencionar algunos de los más relevantes.
En aras de la transparencia y de la rendición de cuentas antes de que deje su cargo, consideramos –con el respeto que usted como autoridad pública se merece- que la sociedad costarricense requiere respuestas puntuales a estas y muchas más interrogantes, y exigimos como ciudadanos, que Usted, señor Presidente, y sus Ministros, contesten ante esta grave arremetida de su Gobierno contra la Naturaleza y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Quedando a la espera de su respuesta,
Atentamente,
Grupo Llamado Urgente por el País y 16 entidades más
CC: Sra. Laura Chinchilla, Presidenta electa.
Medios de comunicación
Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Casa Presidencial
Costa Rica
S.D.
Asunto: PREGUNTAS QUE EXIGEN RESPUESTAS URGENTES AL SEÑOR PRESIDENTE OSCAR ARIAS, SOBRE LA SERIE DE ACCIONES ANTIAMBIENTALES QUE HA DESARROLLADO Y ESTÁ DESARROLLANDO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DE SU GOBIERNO
Estimado señor:
Ante la serie de acontecimientos que han tenido lugar durante las últimas semanas y ante las acciones que se están dando en el seno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), y en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), cuyo origen pareciera obedecer a presiones deliberadas y articuladas que no toman en cuenta los intereses de la sostenibilidad ambiental del país, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras organizaciones ambientales de Costa Rica, desea plantearle a Usted, con el respeto que su envestidura merece, de forma pública, las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razón se atenta contra la seguridad de los ciudadanos y la protección de los recursos hídricos con la aprobación y promulgación de un decreto que amplía el anillo de contención urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM) en 200 metros, cuando se sabe, por los estudios técnicos elaborados por el Programa Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM), que el 75 % de esos terrenos NO SON APTOS NI TECNICA NI AMBIENTALMENTE para la urbanización?
¿Por qué razón, apenas tres días después de que el ex – director del PRUGAM el Arquitecto Eduardo Brenes, diera declaraciones al Programa Nuestra Voz, a la periodista Amelia Rueda en Radio Monumental, es destituido del cargo de Director Ejecutivo de la Secretaría de Planificación Urbana por la señora Ministra Ing. Clara Zomer, cuando el convenio estaba vigente hasta diciembre del 2010? ¿Se trata acaso de una represalia para acallar las voces de quienes con valentía opinan lo contrario?
2.¿Por qué razón, de un “plumazo”, la señora Ministra Zomer, extermina un proceso de más de 6 años de avance y 18 millones de dólares con aporte de la Unión Europea y del país en el tema de ordenamiento territorial, haciendo que prácticamente se desmantele todo los construido y heredado por el PRUGAM a la Secretaría de Planificación Urbana del MIVAH?
3. ¿Cuáles son las razones reales por las que la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, después de 14 meses de estudio del Plan PRUGAM 2008 – 2030, no se ha manifestado al respecto, pese a que en los considerandos del mismo decreto sobre la apertura del anillo de contención están de acuerdo con la zonificación ambiental del PRUGAM y la viabilidad ambiental aprobada por la SETENA en el año 2009?
4.¿Por qué motivo, durante las últimas semanas, el señor Ministro de Competitividad, Jorge Woodbridge, ha venido presionando al equipo técnico del PRUGAM y de la misma SETENA para que trabaje en la propuesta de un decreto ejecutivo que sustituya el actual decreto ejecutivo 32967 – MINAE (Procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores) publicada en el año 2006, por orden de la Sala Constitucional? ¿Por qué se quiere cambiar la metodología técnica ambiental que utilizó el PRUGAM para el Plan Regional y para los 31 municipios de la GAM? ¿Por qué se quiere cambiar, de forma inconsulta y arbitraria, un instrumento técnico recomendado por una Comisión Mixta (Decreto Ejecutivo 32631 – MINAE) de amplia participación social, por una herramienta técnica diferente? ¿Por qué si el instrumento técnico ha sido y está siendo utilizado por más de 50 municipios en la elaboración de sus planes reguladores, se quiere cambiar? ¿Será acaso que los resultados de dichos estudios no convienen a los intereses de algunos?
5.¿Por qué razón el Ministro del MINAET, Jorge Rodríguez, no ha realizado el Taller de discusión sobre el Reglamento de Contaminación Visual y de Gestión del Paisaje, tal y como se comprometió en el mes de Noviembre pasado con la Sala Constitucional por medio del oficio DM – 2154 – 2009? ¿Por qué, a golpe de tambor, este Ministerio, ha elaborado una propuesta de Decreto para normar las torres de telefonía celular, sin ponerlo a discusión técnica de todas las partes interesadas exponiéndose así a que este Decreto sea objeto de un recurso de amparo para luego ser probablemente suspendido por la Sala Constitucional?
6.¿Por qué razón la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, representada por la Ing. Sonia Espinosa y su Comisión Plenaria, durante los últimos dos años, han emitido, de forma arbitraria e inconsulta, una serie de resoluciones que cambian los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sin que se haya consultado nunca a la Comisión Mixta creada precisamente para dar apoyo amplio y participativo a la SETENA en este proceso? ¿Por qué razón esta Comisión Mixta no ha sido convocada desde hace 3 años? ¿Por qué de última hora, apenas unas semanas antes del cambio de gobierno, se está trabajando en una propuesta de cambio del Reglamento General de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que, de forma inconsulta y arbitraria, pretende cambiar radicalmente los procedimientos técnicos de evaluación de impacto ambiental, eliminando el uso de consultores ambientales y a favor de los desarrolladores de proyectos?
7. ¿Por qué razón, pese a la oposición y argumentación expuesta por diversas organizaciones sociales y ambientales, se insiste en convocar ante la Asamblea Legislativa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 35.800 MP, el Proyecto de Ley que pretende modificar los límites y la categoría del Parque Nacional Marino Las Baulas, para bajarlo a la categoría de Refugio Mixto, poniendo así en peligro de exterminio uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para la tortugas Baula?
9. ¿Por qué razón se han derogado Refugios de Vida Silvestre Privados (Decreto Ejecutivo 35621- MINAET) y modificado áreas de protección de nacientes (Decreto Ejecutivo Nº 35151-MINAET) que favorecen el desarrollo de usos del suelo que deterioran el ambiente y los recursos naturales, y en general debilitan el sistema de áreas protegidas del país?
10. ¿Por qué ha habido falta de voluntad para amojonar debidamente la zona de protección del Macizo del Barva decretada en 1888 pese a una decisión de la Sala Constitucional desde agosto del 2008 en ese sentido?
Esta serie de desafortunadas acciones de las últimas semanas de su Administración en el campo ambiental, se suma a otras igual de graves, como lo son la concesión, declaratoria de conveniencia nacional, y permisos de tala de bosque, al que podría ser el proyecto de minería a cielo abierto más grande de Centroamérica (proyecto Crucitas), así como el caso del desarrollo inmobiliario desordenado en las costas del país, el tema del acueducto de Sardinal y la expansión piñera y sus nefastos efectos en el ambiente, por solo mencionar algunos de los más relevantes.
En aras de la transparencia y de la rendición de cuentas antes de que deje su cargo, consideramos –con el respeto que usted como autoridad pública se merece- que la sociedad costarricense requiere respuestas puntuales a estas y muchas más interrogantes, y exigimos como ciudadanos, que Usted, señor Presidente, y sus Ministros, contesten ante esta grave arremetida de su Gobierno contra la Naturaleza y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Quedando a la espera de su respuesta,
Atentamente,
Grupo Llamado Urgente por el País y 16 entidades más
CC: Sra. Laura Chinchilla, Presidenta electa.
Medios de comunicación
domingo, 31 de enero de 2010
La concesión en Crucitas: verdades incómodas
Ante aseveraciones de las máximas autoridades nacionales (Presidente de la República, artículo publicado el 15 de enero del 2010 en La Nación, y artículo en la edición anterior de Pagina Abierta del 26 de enero del 2010 suscrito por el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), en relación a supuestos derechos adquiridos por la empresa Infinito Gold S.A. en el proyecto minero ubicado en Crucitas de Cutris de San Carlos, el Grupo Llamado Urgente por el País se permite precisar lo siguiente:
Son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Presidente de la República en el sentido de que “la concesión minera en el proyecto Crucitas no fue otorgada por este Gobierno, ni por mi persona”, y las del señor Ministro de Ambiente en el sentido de que “13 años antes de que llegara el Dr. Oscar Arias a la Presidencia, ya la empresa había obtenido las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto minero”.
Una primera concesión de explotación minera fue otorgada a Industrias Infinito S.A. mediante resolución No. 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001. Sin embargo, la Sala Constitucional la anuló por inconstitucional, mediante el Voto No. 2004-13414 del 26 de noviembre de 2004, por violación del principio preventivo y del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50 de la Constitución Política, al haber sido otorgada la concesión de explotación minera sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental.
Esto quiere decir que al momento de asumir el Poder el Presidente Arias, el 8 de mayo de 2006, Industrias Infinito S.A. no era titular de ninguna concesión de explotación minera.
Posteriormente, ante solicitud presentada por Industrias Infinito S.A. el 30 de mayo del 2007, el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, mediante la resolución No. 217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008 resolvieron como punto primero: “Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., cédula de personería jurídica N° 3-101-127121” (p. 14 de la Gaceta Oficial del 20 de mayo del 2008 antes citada). Independientemente de los vicios de nulidad que pueda tener esta resolución del 21 de abril de 2008, es claro que la concesión de explotación minera otorgada en ese acto por el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente a Industrias Infinito S.A., es una concesión nueva y distinta de la otorgada en diciembre de 2001.
Para poder otorgar esta nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, a través del Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo de 2008, derogaron el Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio de 2002 que declaraba la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. Sin embargo, el referido Decreto No. 34492-MINAE no entró en vigencia sino hasta la fecha de su publicación en La Gaceta No. 107 del 4 de junio del 2008, por lo que la resolución del 21 de abril de 2008, a través de la cual se otorgó la nueva concesión de explotación minera, fue emitida cuando aún estaba vigente la moratoria establecida en el Decreto No. 30477-MINAE.
Llamado Urgente por el País
(http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com)
Son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Presidente de la República en el sentido de que “la concesión minera en el proyecto Crucitas no fue otorgada por este Gobierno, ni por mi persona”, y las del señor Ministro de Ambiente en el sentido de que “13 años antes de que llegara el Dr. Oscar Arias a la Presidencia, ya la empresa había obtenido las autorizaciones necesarias para desarrollar el proyecto minero”.
Una primera concesión de explotación minera fue otorgada a Industrias Infinito S.A. mediante resolución No. 578-2001-MINAE de las 9:00 horas del 17 de diciembre de 2001. Sin embargo, la Sala Constitucional la anuló por inconstitucional, mediante el Voto No. 2004-13414 del 26 de noviembre de 2004, por violación del principio preventivo y del derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del artículo 50 de la Constitución Política, al haber sido otorgada la concesión de explotación minera sin la aprobación previa del estudio de impacto ambiental.
Esto quiere decir que al momento de asumir el Poder el Presidente Arias, el 8 de mayo de 2006, Industrias Infinito S.A. no era titular de ninguna concesión de explotación minera.
Posteriormente, ante solicitud presentada por Industrias Infinito S.A. el 30 de mayo del 2007, el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, mediante la resolución No. 217-2008-MINAE de las 15:00 horas del 21 de abril de 2008 resolvieron como punto primero: “Otorgar la concesión de explotación minera a favor de la empresa Industrias Infinito S.A., cédula de personería jurídica N° 3-101-127121” (p. 14 de la Gaceta Oficial del 20 de mayo del 2008 antes citada). Independientemente de los vicios de nulidad que pueda tener esta resolución del 21 de abril de 2008, es claro que la concesión de explotación minera otorgada en ese acto por el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente a Industrias Infinito S.A., es una concesión nueva y distinta de la otorgada en diciembre de 2001.
Para poder otorgar esta nueva concesión de explotación minera a Industrias Infinito S.A., el Presidente Arias y su Ministro de Ambiente, a través del Decreto No. 34492-MINAE del 18 de marzo de 2008, derogaron el Decreto No. 30477-MINAE del 5 de junio de 2002 que declaraba la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro a cielo abierto en el territorio nacional. Sin embargo, el referido Decreto No. 34492-MINAE no entró en vigencia sino hasta la fecha de su publicación en La Gaceta No. 107 del 4 de junio del 2008, por lo que la resolución del 21 de abril de 2008, a través de la cual se otorgó la nueva concesión de explotación minera, fue emitida cuando aún estaba vigente la moratoria establecida en el Decreto No. 30477-MINAE.
Llamado Urgente por el País
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