Acciones del gobierno en contra de la normativa ambiental

ANEXOS

Ante la promoción de una expansión inmobiliaria y turística acelerada y desordenada, la legislación ambiental de la que tanto nos orgullecemos, de repente se ha convertido en una serie de restricciones inconvenientes para estos fines, por lo que el Gobierno ha tomado medidas ya sea para modificarla o para evadir solapadamente su aplicación.
La legislación de las áreas silvestres protegidas. A contrapelo de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que solamente mediante la promulgación de una Ley y la realización de estudios técnicos es posible segregar porciones de las áreas silvestres protegidas, el Poder Ejecutivo ya ha promulgado dos decretos que segregan partes terrestres y marinas de los Refugios Nacionales de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo e Isla San Lucas.
Las normas que establecen zonas inconstructibles. Para levantar estos obstáculos se han promulgado, sin ningún criterio técnico, decretos como el que cambia de un 60% a un 75% la pendiente máxima sobre la que se puede construir en un terreno y el que convierte en constructible el anillo de protección de la GAM.
La obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de someterla a aprobación de la SETENA sería un obstáculo para las ambiciones de inversiones a gran escala. So pretexto de la lentitud en los trámites de aprobación de dichas evaluaciones, la SETENA fue intervenida por el Ministro de Competitividad, de manera no oficial y con la complicidad del Ministro del Ambiente. Lamentablemente dicha intervención se hizo a costas de los fines mismos de la SETENA, que buscan asegurar la sostenibilidad ambiental de las actividades, obras y proyectos humanos, pues se ha convertido en una máquina de otorgar viabilidades ambientales como un simple requisito más. Anexo a este comunicado, se presenta una lista de las acciones tomadas para debilitar el control ambiental de la SETENA.
Un impedimento más lo constituye la participación ciudadana. La tendencia ha sido a ir cerrando los espacios de participación ciudadana ya creados anteriormente. Dos ejemplos de ello son, en primer lugar, la no convocatoria, desde noviembre del 2006, de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA en temas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental, la cual, mientras funcionó, desarrolló reglamentos e procedimientos técnicos de forma concertada entre actores muy diversos. En segundo lugar, la emisión de un decreto que deniega el acceso a los expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo a quien no sea parte en el proceso o su representante.
Una norma que la Sala Constitucional misma derivó del artículo 50 de la Constitución Política: la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores municipales y, en general, en la planificación del uso del suelo, se convierte en otro problema para el gobierno. Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto que establece parámetros de desarrollo urbano para la región Chorotega. Este decreto, aparte de invadir competencias del INVU, no integró la variable ambiental. También existe la voluntad del Ministro de la Competitividad, manifestada en diferentes foros, de eliminar el instrumento técnico, establecido por decreto, para la integración de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo y ello a pesar de que las municipalidades ya lo están utilizando.
Las leyes de protección de los ecosistemas forestales y de los ecosistemas de humedales, pues prohíben el cambio de uso del suelo en los terrenos cubiertos de bosque, así como el drenaje y el relleno de humedales. Ejemplo de ello ha sido la elaboración unilateral, por parte del Ministerio de la Competitividad, de proyectos de decreto de forma poco participativa e inconsulta con los actores sociales.

La legislación ambiental ha sido igualmente una piedra en el zapato para el desarrollo insostenible, promovido por este Gobierno, de actividades tales como el monocultivo de la piña, la minería metálica a cielo abierto, la exploración y explotación de hidrocarburos, el desarrollo inmobiliario masivo, particularmente en las regiones costeras, y la construcción de mega marinas turísticas. Al hacer un recuento de irregularidades en todas estas actividades dos temas son recurrentes: la ausencia de aprobación o aprobación irregular de viabilidades ambientales de parte de la SETENA y la toma de decisiones sin participación ciudadana.

Cada una de las acciones descritas anteriormente, así como muchas otras no mencionadas en el presente documento, constituyen sangrados de mayor o menor proporción que se suman para causar una hemorragia de grandes proporciones a nuestro sistema de protección ambiental.